A pesar del estado de emergencia vigente, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana han experimentado un preocupante incremento durante el primer trimestre de 2025. Según datos policiales del 6 de abril, San Juan de Lurigancho registró la mayor cantidad de denuncias con 109 casos, seguido de Lima Cercado (99), La Victoria (15), San Miguel (9), San Isidro (8), Jesús María (7), Lince (6) y Miraflores (5). En Lima Norte, la situación es igualmente crítica, con Carabayllo (41), San Martín de Porres (39), Los Olivos (30) y Puente Piedra (26) reportando un alto número de casos. Similarmente, en Lima Sur, Villa El Salvador (37), San Juan de Miraflores (31), Surco (19) y Pachacamac (16) presentaron cifras significativas. Finalmente, en Lima Este, Ate registró 51 denuncias.
El analista de datos Juan Carbajal confirmó este aumento, señalando un incremento del 30% en las denuncias por extorsión durante el primer trimestre de 2025, pasando de 2,079 casos en 2024 a 2,656 en 2025. Este incremento se refleja en un aumento mensual constante: 890 denuncias en enero, 855 en febrero y 921 en marzo. Carbajal advirtió sobre la gravedad de esta tendencia, especialmente al compararla con los ya altos niveles de criminalidad registrados en 2024.
Denuncias por extorsión se incrementan 27.8% en Lima Metropolitana
En comparación al primer trimestre del 2024 que se registraron 2.079 denuncias; este año, entre enero y marzo, se elevó a 2.656 casos.https://t.co/ruAVr3pTWQ
— Política y Economía La República (@Politica_LR) April 6, 2025
La inacción gubernamental frente a esta creciente ola de extorsión ha generado fuertes críticas. La presidenta Dina Boluarte ha sido duramente cuestionada por negarse a asumir responsabilidades, una postura calificada de irresponsable por Walter Albán, exdefensor del Pueblo. Albán argumentó que la impunidad del gobierno y el Congreso ha debilitado al Estado, dejando a la ciudadanía desprotegida. Además, alertó sobre el riesgo de un empeoramiento de la situación si las autoridades continúan ignorando la necesidad de cambios urgentes en las políticas de seguridad y persisten en interpretar las protestas sociales como apoyo a la delincuencia. Albán hizo un llamado a la ciudadanía a presionar por reformas que contrarresten las normas que favorecen la criminalidad.
El aumento de la extorsión bajo el estado de emergencia pone en evidencia la necesidad urgente de replantear las estrategias de seguridad. La falta de responsabilidad política y la inacción gubernamental alimentan un clima de inseguridad que amenaza con empeorar, a menos que se implementen medidas drásticas y se asuma la responsabilidad por la situación. La ciudadanía demanda acciones concretas y un cambio de rumbo en la lucha contra la criminalidad.
