Daniel Soria, exprocurador general del Estado, indicó que está evaluando tomar medidas ante el Poder Judicial en contra de la decisión de apartarlo del cargo que fue oficializada este martes 1 de febrero.
“La resolución es ilegal desde mi punto de vista. Puedo tomar acciones para que esa ley sea declarada como tal, ilegal, en el Poder Judicial. Eso lo estoy evaluando pero lo que queda claro es que esa resolución ha sido expedida por el presidente de la República y el ministro de Justicia (Aníbal Torres)”, declaró para RPP.
El exprocurador destacó que efectivamente ya no ejerce el cargo de procurador general, a pesar de considerar que no se usaron las causales que exige la norma para que esa apartado del puesto que asumió en febrero del 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra.
“Esta resolución se basa única y exclusivamente en una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que ese fundamento no tiene una base legal porque la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango que se dio después, posterior y especial”, enfatizó.
La resolución publicada el martes 1 de febrero en el boletín extraordinario de normas legales, da por concluida la designación de Daniel Soria basándose en el hecho que el presidente de la República puede remover por “pérdida de confianza” a titulares, jefes y demás integrantes de consejos directivos o directorios de organismos públicos “con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo”.
Respuesta de Daniel Soria a la Contraloría
En el informe difundido el martes, el OCI aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos como trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como exige la norma que regula la designación del procurador general.
El informe precisó que Soria solo certificó experiencia como asesor en la Defensoría del Pueblo. “No se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, se agrega.
El exprocurador aseguró que no se puede considerar como labor de defensa jurídica del Estado exclusivamente a la de los procuradores.
“Discrepo de ese razonamiento y lo he mencionado en el pasado porque la actividad de defensa jurídica del Estado trasciende en la práctica el trabajo de una procuraduría concreta”, finalizó Daniel Soria.
