El Consejo Fiscal expresó su preocupación sobre el proyecto de la nueva Carretera Central y otros acuerdos de inversión pública de gran envergadura (vía Expresa Santa Rosa, Línea 3 y 4 del Metro de Lima) porque en conjunto hay un costo de inversión de S/ 48,200 millones, el 6.1% del PBI estimado para el 2021. Afirman que generaría compromisos de mayor gasto para la siguiente administración y afectaría la sostenibilidad fiscal.
Al respecto, Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de ProInversión y socio de Emedos, sostuvo que falta coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para saber cuál será el plan de inversiones dentro de su capacidad y los ajustes que se deben realizar.
“Formalmente existe un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) que busca ordenar las inversiones y dar predictibilidad a los inversionistas, entonces lo que pasa es que ante la necesidad de tener que ejecutar inversión pública, el MTC está tratando de impulsar las obras de infraestructura de mayor impacto económico y social”, señaló.
Agregó que la obra de la Carretera Central tiene beneficios y un impacto inmediato, así que el MTC debería actualizar los proyectos priorizados en el PNIC y ajustar capacidad presupuestal.
En ese sentido, Correa indicó que en dicho plan solo figuran algunos tramos de este proyecto como inversión pública, pero no bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G).
“La coyuntura ha cambiado con la pandemia, entonces, el plan tiene que actualizarse. Las prioridades son las necesidades en salud y por el lado económico, puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles”, comentó.
También señaló que son necesarios la Línea 3 y 4 del Metro de Lima en un mediano plazo, pero antes se necesita un fortalecimiento de la ATU.
Para Alberto Ñecco, ex director ejecutivo de ProInversión, las advertencias del Consejo Fiscal son bastante serias porque es un ente especialista en supervisar los presupuestos y recaudación.
“Habría que revisar cuidadosamente la situación porque para cualquier tipo de contratación se revisa la capacidad presupuestal del sector en distintos procesos, pero no desestimo lo que dice el Consejo Fiscal”, indicó.
Sin embargo, Ñecco mencionó que estas inversiones deben tener prioridad porque ayudarán a dinamizar la economía y a reactivar el aparato productivo, porque en su construcción van a generar empleo y movimientos en la cadena de pago.
Añadió que los últimos proyectos de gran envergadura que se adjudicaron fueron la Línea 2 del Metro de Lima, el gasoducto de Camisea y el aeropuerto de Chinchero, que no han funcionado.
“Creo que el tema económico debería priorizar los proyectos grandes que tengan impacto. Si hay duda en su capacidad presupuestal, entonces, deben repriorizar su cartera”, acotó.
Ñecco manifestó que se necesita avanzar con la inversión, así que con el Gobierno a Gobierno hay costos de oportunidad, motivo que no está sucediendo con una Asociación Público-Privada (APPs) porque el sistema de promoción de inversión privada en el país ha colapsado por la debilidad de las instituciones, falta de capacidad de gestión y por la normativa.
“Si sacas este proyecto con el G2G empieza máximo en un año. En el caso de Carretera Central se ha dejado un rubro abierto para variación de presupuesto y eso no es gratis, sino porque los estudios de preinversión tienen muchas cosas por mejorar, pero la obra la empezarán el otro año y eso dará más empleo, desarrollo e infraestructura”, aseguró.
Lo que sí sugirió el especialista es que, terminado el proyecto de la Carretera Central, se podría pasar a un privado, a través de una APP, para su mantenimiento. “Puedes concesionarla a través de un privado solo las operaciones y mantenimiento. Eso no salva el problema posterior de la construcción, pero te garantiza que la calidad de servicio se dé de manera adecuada”, aseveró.
M.N.L.
