El lunes 03 de junio se desarrolló la sesión en el Palacio Legislativo para determinar la fusión de los organismos reguladores. Como se recuerda, la Presidencia del Consejo de Ministros presentó una iniciativa para crear un “regulador multisectorial”, absorbiendo las administraciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
En medio de un debate, voces de diversos sectores han alzado sus preocupaciones y perspectivas en torno a la propuesta, suscitando opiniones encontradas entre expertos y autoridades del sector.
Verónica Zambrano, presidenta de OSITRAM , se refirió al complejo equilibrio que los organismos reguladores deben mantener al tomar decisiones técnicas que afectan a tres grupos de interés principales: el Estado, los usuarios y las empresas supervisadas. “El equilibrio entre el Estado, usuarios y empresas es crucial en la toma de decisiones regulatorias. Las tarifas más bajas benefician a los usuarios, pero pueden afectar a las empresas. La imparcialidad técnica en las decisiones asegura un beneficio a largo plazo, promoviendo la inversión y el bienestar general”.” expresó la funcionaria.
Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), también, enfatizó la importancia de la regulación técnica especializada en servicios públicos esenciales como el agua potable y la energía eléctrica. “La fusión de los reguladores podría comprometer la calidad de la supervisión y la especialización, además de entorpecer los procesos regulatorios”
Rafael Muente también interviene en la discusión, resaltando los riesgos asociados a centralizar funciones regulatorias sin un análisis riguroso del impacto. Muente advierte sobre posibles influencias indebidas y corrupción, y recalca la necesidad de basar cualquier cambio en un análisis de impacto regulatorio exhaustivo.
Por su parte, Omar Chambergo critica la falta de un análisis adecuado y la exclusión de los principales involucrados en el proceso de discusión. Chambergo defiende la especialización y autonomía de los reguladores actuales, sugiriendo que, en lugar de fusionar, se debe fortalecer estas características para continuar mejorando la supervisión y regulación de sectores clave como electricidad, gas natural, hidrocarburos y minería.
Este debate subraya la necesidad de un enfoque cuidadoso y bien fundamentado en la evolución del modelo regulatorio peruano, asegurando que cualquier cambio contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la efectividad de los servicios públicos.
