La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la decisión emitida el 24 de marzo por el juez Juan Carlos Checkley y declaró fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez.
Según el Ministerio Público, el exfuncionario habría ejercido una presunta influencia ilícita, en su calidad de abogado y luego como ministro, ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de beneficiar a Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, expolicía sentenciado por asociación ilícita para delinquir y usurpación, vinculado a la organización criminal “Los K y K”, que operaba en La Libertad.
De acuerdo con la resolución judicial difundida por Infobae, el tribunal supremo consideró que existe peligro procesal de fuga. Pese a que Santiváñez se desempeña como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, la sala concluyó que su cargo de confianza no garantiza arraigo laboral, ya que puede cesar en cualquier momento. A ello se suma que enfrenta una posible pena de hasta 12 años de prisión y que no se tiene certeza sobre la ubicación actual de su estudio jurídico, cuyos contratos de alquiler vencieron entre 2023 y 2024.
Además, la Fiscalía reveló que la firma Santiváñez Antúnez Trial Lawyers SAC tendría oficinas en países como Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras, lo que, junto a sus frecuentes viajes, refuerza la hipótesis de que podría evadir la justicia.
“Sí existe peligro procesal de que el investigado Santiváñez Antúnez pueda rehuir a la acción de la justicia. Tanto más, que la medida solicitada por la Fiscalía resulta ser la menos gravosa, la más idónea de acuerdo a la fase preliminar en la que se encuentra la investigación y proporcional a los fines para los que es requerida”, señala la resolución judicial.
La medida, que se extenderá hasta el 2026, busca asegurar el desarrollo de diligencias clave, como pericias fonéticas y acústicas sobre grabaciones entregadas por testigos protegidos.
¿Por qué se investiga a Juan José Santiváñez por tráfico de influencias?
La Fiscalía de la Nación ha identificado tres hechos principales que sustentan la investigación contra Santiváñez:
1. Gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional: Entre enero y febrero de 2024, Santiváñez habría solicitado y recibido 20 mil dólares con la promesa de influir en magistrados del Tribunal Constitucional para obtener una resolución favorable. Según la Fiscalía, los pagos no eran honorarios profesionales, sino intentos de soborno. Se han presentado como evidencia conversaciones de WhatsApp y testimonios de testigos protegidos que señalan al magistrado Helder Domínguez y a una asistente del Tribunal como parte de las gestiones del abogado.
2. Intervención ante el INPE: Ya como viceministro y luego ministro del Interior, Santiváñez habría gestionado ante el presidente del INPE para mantener a Marcelo Salirosas en aislamiento en el penal “El Milagro” de Trujillo. Comunicaciones de junio y julio de 2024 muestran que el exministro expresó que había intervenido, pero que no podía hacer más sin asumir riesgos personales.
3. Coordinaciones con el Ministerio de Justicia: En agosto y septiembre de 2024, Santiváñez habría gestionado el traslado de Salirosas a un pabellón de régimen abierto, afirmando tener contactos en el Ministerio de Justicia. En una reunión grabada en su despacho el 9 de septiembre de 2024, aseguró tener influencia en el Tribunal Constitucional y mencionó favores anteriores, como el uso de una escolta, para sustentar su poder de intermediación.
Con esta decisión, el Poder Judicial busca garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar una posible fuga del exfuncionario.
