América Latina cierra el año 2025 con un estancamiento económico, escándalos que sacudieron naciones y amenazas a una región considerada “zona de paz”.
Además en los últimos 12 meses se ha dibujado un nuevo mapa ideológico en el hemisferio, marcado por el regreso, por segunda vez, de Donald Trump al frente del gobierno conservador de Estados Unidos, el pasado 20 de enero.
Sin embargo, la popularidad de Trump se ha visto desplomarse en casi los primeros meses por una polémica política antiinmigrantes con una agenda de deportaciones masivas, aumento de la inflación y el costo de vida, y escándalos que estremecieron a EEUU.
Latinoamérica ha vivido presiones y hasta injerencia extranjera que fueron condenados por varios países al violar la soberanía nacional con el propósito de influir en las elecciones celebradas en 2025 como fueron los casos de Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras, según la revista Newsweek.
INJERENCIA Y NARCOTRÁFICO
El medio estadounidense destaca el retorno del “intervencionismo” de Washington y las amenazas sobre la región como la militarización del mar Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la advertencia de la Casa Blanca de llevar a cabo acciones por tierra en Venezuela, según admitió Trump, para controlar la importante reserva petrolera que tiene el país sudamericano.
Brasil, Colombia y México alzaron la voz por América Latina contra la intención de Washington de apropiarse de los recursos naturales de la región y utilizar el narcotráfico como pretexto para atacar a gobiernos progresista. La alerta fue sustentada con el anunciado indulto de Trump de liberar al exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado en EEUU a 45 años de prisión por narcotráfico.
ECONOMIA ESTANCADA
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que el continente latinoamericano completaría cuatro años consecutivos con tasas cercanas al 2.3 %, tendencia que evidenciaría un bajo crecimiento, incapaz de generar un impulso sostenido al desarrollo económico y social. En 2026 estima una tasa del 2,3%, levemente menor al 2,4% de 2025.
Prevé, empero, que Venezuela encabezará el crecimiento económico en 2025, con un 6.5 %, seguido de Paraguay con 5.5 %, Argentina con 4.3 % y Costa Rica con 4 %. En un segundo bloque se ubican Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador, todos con tasas superiores al 3 %.
República Dominicana crecería 2.9 %, Colombia 2.6 %, Chile y Brasil 2.5 %, mientras que Uruguay alcanzaría 2.2 % y México 0,4 %, entre otros, estima la Cepal. En una proyección del FMI, el pasado octubre, estimó que Estados Unidos tendría una expansión de 2 por ciento.
INSEGURIDAD
Sin embargo, la inseguridad ciudadana sigue afectando a América Latina y el Caribe con un aumento en tasas de homicidios ante el avance del crimen transnacional, relacionado con las drogas, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y de armas, los dos últimos problemas con alcance mundial.
Ecuador ha reforzado la vigilancia en sus fronteras para restringir la circulación en los límites con Perú y Colombia por “razones de seguridad nacional”, y los mismos pasos siguió Chile con Perú y Bolivia para controlar el ingreso de migrantes, especialmente venezolanos.
CORRUPCIÓN
Según Dialogo Político, entre 1970 y 2025, unos 25 expresidentes latinoamericanos fueron sometidos a procesos judiciales, la mayoría han enfrentado procesos por corrupción, lavado de dinero, conspiración y abusos de poder. Para el medio uruguayo el desafió regional será contar con instituciones independientes y mayor transparencia para frenar la impunidad.
Perú encabeza la lista con siete expresidentes procesados desde 2019, además del fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Tras ser destituido Pedro Castillo por el Congreso, el 7 de diciembre del 2022, la sucesora Dina Boluarte también fue depuesta en 2025 por el Parlamento, controlado por la derecha, a seis meses de las elecciones en el país.
Los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá) igualmente han estado involucrados en procesos judiciales que sacudieron sus países. Algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos, agrega Diálogo Político.
“Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad”, añadió la publicación.
NUEVO MAPA POLÍTICO
En Bolivia dos aspirantes de derecha llegaron a disputar la Presidencia en un balotaje y triunfó Rodrigo Paz, después de 20 años de gobierno de izquierda en el país andino, mientras en Chile se impuso en segunda vuela electoral José Antonio Kast, hijo de un oficial del ejército de la Alemania nazi y de extrema derecha, que dejó atrás al gobierno izquierdista de Gabriel Boric.
Después de tres semanas de las elecciones presidenciales en Honduras, el 30 de noviembre, en un reñido proceso con la abierta injerencia de Trump y denuncias de fraude por dos de los tres principales candidatos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana se apresuraron a reconocer la presunta victoria del derechista Nasry Asfura, el 24 de diciembre, a pesar de que el organismo electoral no ha terminado con el escrutinio total.
En Argentina, el ultraliberal Javier Milei logró recuperarse de la derrota sufrida el domingo 7 de octubre en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y el día 26 la agrupación oficialista La Libertad Avanza obtuvo una victoria. Trump volvió a inmiscuirse al ofrecer un millonario préstamo al gobierno de Milei que después incumplió.
Trump, involucrado en el escándalo del magnate financiero Jeffrey Epstein, fallecido de manera sospechosa en prisión, lleva a cabo desde inicio de su segundo mandato una política contra la inmigración ilegal, que en los primeros 7 meses del año llevó a 1.200 millones de migrantes a abandonar la fuerza laboral estadounidense y otras personas con status legal debido al clima de hostilidad sistemática.
Este problema está colapsando la economía estadounidense ya que no puede reemplazar a los hispanos que son expulsados, muchos tratados como delincuentes. A la perdida de empleo se suma la interrupción de la cadena productiva, pues los inmigrantes representaron en 2024 el 19.2% de la fuerza laboral, principalmente en áreas agrícolas, pesca, construcción y servicios, entre otros.
PRÓXIMAS ELECCIONES
Estados Unidos también apunta a las elecciones que se llevarán a cabo durante el 2026 en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil, sobre todo en países donde los aspirantes de derecha o conservadores controlan los principales poderes del Estado, como en San José y Lima, estiman analistas políticos.
Costa Rica, que celebrará comicios generales el 1 de febrero, ha registrado en las últimas cuatro elecciones presidenciales (primera ronda), un alto nivel de abstencionismo. En 2022 alcanzó un 40,0%, en 2018 fue 34,3%, en 2014 registró 31,8% y en 2010 llegó a 30,9%, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los partidos gobernantes Pacto Histórico, que llevó al poder en 2022 a Gustavo Petro en Colombia, y de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva en Brasil, tienen muchas posibilidades de seguir al frente en naciones de América del Sur. La administración de Trump ha sostenido este año una crisis diplomática con gobiernos progresistas, incluido México, que se oponente a la política exterior de Washington.
Daniel Kovalik, representante legal en EEUU del presidente Petro, sostiene que la Casa Blanca nunca abandonó su injerencia en América Latina desde la “Doctrina Monroe”, solo la volvió más “encubierta” tras la Segunda Guerra Mundial con invasiones puntuales y una larga cadena de operaciones secretas.
Por otro lado, el expresidente ultraconservador brasileño Jair Bolsonaro confirmó la precandidatura presidencial de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, ya que el excapitán está impedido de postular por una condena de 27 años de prisión por promover un intento de golpe de Estado en 2022 para evitar el traspaso democrático al gobierno a Luiz Inácio Lula da Silva.
