Trecientas familias agraviadas denuncian que la Caja de Pensiones Militar Policial simula ventas para desalojarlos de sus viviendas que compraron legalmente desde hace 22 años, vieja ilegal practica que trae a memoria a los tiempos de siniestro exasesor presidencial del tiempo del gobierno fujimorista, Vladimiro Montesinos, en las que bajo amenazas, extorciones y siniestro tráfico de influencias se remataban inmuebles en complicidad de un entonces corrupto Poder Judicial.
Carlos Seminario Cumpa, representante de un gran sector de las familias agraviadas denuncia que: “Para este turbio objetivo la “Empresa Administradora de Comercio SAC “, allegada a la Caja Policial Militar , es la encargada de realizar todo tipo de operaciones y servicios de cobranza y recuperación judicial , prejudicial y administración de la cartera de cobranzas” relata el denunciante.
Detalla que para tales fines la citada administradora actúa bajo el mismo estilo del turbulento “Clan Orellana” porque cuenta con abogados, notarios, operadores en el Poder Ministerio u revender los inmuebles a otro comprador.
VOLUMINOSOS EXPEDIENTES ENPOLVADOS EN EL PODER JUDICIAL EN BUSCA DE JUSTICIA
Numerosos expedientes se encuentran polvorientos esperando que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema , tribunal presidido por el Dr. Francisco Távara tiene a su cargo los procesos de desalojo, otorgamiento de escritura pública , legados referidos a prescripción adquisitiva de dominio , nulidad de acto jurídico , ejecución de garantías, derecho de propiedad , reivindicación y otros temas civiles.
Hay que señalar que procesalmente los juicios más sonados referidos a la CPPM estuvieron a cargo del Magistrado Oswaldo Ordoñez Alcántara, del citado tribunal quien según algunos medios de prensa habría sido separado del cargo por cometer una serie de irregularidades en una acción de amparo de la Asociación de Magistrados del Perú.
Al respecto los 300 agraviados presentaron al anterior Congreso de la República su denuncia ante la Mesa de Partes y particularmente al despacho del entonces legislador Vicente Zevallos, para que investigue el caso de apropiación ilícita de sus inmuebles pero hasta la fecha no se pronuncia ni el Legislativo, ni el Poder Judicial.
