El Ejecutivo decidió cerrar la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) luego de que se confirmara la muerte de siete personas por el uso de un lote de suero fisiológico contaminado. En su lugar, se creará la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemec), una entidad con autonomía plena que buscará reforzar el control sanitario en el país.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció la medida este lunes en conferencia de prensa. Precisó que ya se ha enviado al Congreso el proyecto de ley que formaliza la creación de Apemec, la cual asumirá funciones clave en la fiscalización de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
La decisión responde a la grave crisis originada por la distribución de suero fisiológico contaminado, fabricado por la empresa Medifarma S.A., el cual habría causado la muerte de al menos siete personas en distintos centros de salud. Entre las víctimas figura la joven arquitecta Alejandra Landers Carpio, de 26 años, quien fue diagnosticada con muerte cerebral tras recibir el producto defectuoso. Su fallecimiento, ocurrido el 18 de abril, se sumó al de otras seis personas, incluido un bebé y un adulto mayor de 91 años.
Según Adrianzén, Apemec contará con autonomía económica, administrativa y funcional, lo que le permitirá actuar con independencia frente a presiones políticas o intereses comerciales. Su misión será garantizar que todos los productos farmacéuticos que ingresen al mercado cumplan con estándares de calidad y seguridad, tanto nacionales como internacionales.
“Lo que ha ocurrido no puede volver a repetirse. Necesitamos una autoridad fuerte, autónoma y técnica que proteja la vida de los ciudadanos”, afirmó el jefe del gabinete ministerial.
Las investigaciones preliminares revelaron serias deficiencias en los protocolos de inspección y control de calidad de Digemid, lo que habría permitido que el lote contaminado llegará a hospitales y centros de salud sin ser detectado a tiempo.
Con esta reforma institucional, el Gobierno busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y evitar nuevas tragedias derivadas de fallas en la supervisión farmacéutica.
