El Poder Judicial dispuso la liberación de Sada Goray al variar su prisión preventiva por libertad bajo comparecencia restringida con impedimento de salida del país por 36 meses. Asimismo, la medida de comparecencia a Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, investigados por colusión y otros delitos.de la empresaria por el caso “Fondo Mi Vivienda”.
Sin embargo, el tribunal presidido por César San Martín titular de la sala, concluyó que la medida impuesta es proporcional, pues los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan el peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación. Además, en el caso del investigado Mauricio Fernandini Arbulú, el colegiado aplicó la figura de “sustracción de la materia”, es decir, no emitió pronunciamiento porque semanas atrás, la Sala Superior declaró fundado el cese de su prisión preventiva”, añadieron desde el Poder Judicial.
Asimismó, la defensa de Sada Goray, de la empresa Marka Group S.A.C, había presentado un recurso de casación para revocar la resolución que emitió la Quinta Sala Penal de Apelaciones el 20 de octubre de 2023 con la que confirmó el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso por la investigación preparatoria que se le sigue.
Dado que, la investigación comenzó en 2022, cuando se descubrieron posibles vínculos de Goray con funcionarios gubernamentales. El caso se centra alrededor de beneficios obtenidos a través de supuestas maniobras corruptas. Es decir, Goray habría utilizado su influencia para obtener contratos públicos y beneficios fiscales de manera fraudulenta. Las autoridades señalan que ella pudo haber sobornado a funcionarios para facilitar la adjudicación de contratos a su empresa, lo que generó una intensa vigilancia sobre sus operaciones financieras y comerciales. Goray, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha manifestado que las imputaciones son infundadas, argumentando que es víctima de una persecución política.
Sin embargo, uno de los puntos claves en la investigación fue la contratación de proyectos urbanísticos en distintas regiones del país, donde se identificaron discrepancias entre los costos declarados y los costos reales de los proyectos. Además, se encontraron presuntas irregularidades en la obtención de permisos y licencias. Puesto que, en el transcurso de la investigación, las autoridades realizaron allanamientos en las oficinas de Marka Group y en propiedades vinculadas a Goray, confiscando documentos y dispositivos electrónicos que contenían evidencia de las posibles irregularidades. Varios empleados y colegas de Goray han sido llamados a declarar, intentando esclarecer el nivel de participación y complicidad en los actos de corrupción.
