El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola informó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el gobierno peruano no aceptaba solicitudes de personas condenadas por terrorismo, y Gustavo Adrianzén, representante de Perú ante este organismo internacional, respaldó esta postura.
El premier Otárola, cuestionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiera aceptado las denuncias de los terroristas condenados Florindo Eleuterio Flores Hala y Víctor Polay Campos.
El representante de Perú en la OEA apoyó las declaraciones del primer ministro, quien dejó claro en una entrevista con RPP que en el Perú no se aceptaría ninguna decisión que beneficie a los delincuentes terroristas.
Adrianzén también reafirmó la voluntad del Estado peruano de mantenerse dentro del sistema y respetar las decisiones de la CIDH, aunque dejó claro que tienen la libertad de discrepar con aquellas decisiones con las que no estén de acuerdo, especialmente en lo relacionado con líderes terroristas y cualquier tipo de beneficio procesal que se les pueda otorgar desde la CIDH.