La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, rechazó el proyecto de ley que promueve la penalización de hasta cuatro años de cárcel por la difusión de la información reservada en una investigación fiscal.
Como se recuerda, el Ejecutivo había anunciado la presentación de un proyecto de ley que busca penalizar la difusión de la información reservada en medio de una investigación penal, incluyendo su etapa inicial. Dicho proyecto se había aprobado en el Consejo de Ministros el viernes 24 de junio, pero todavía sigue en espera su presentación ante el Congreso de la República.
Sin embargo, hasta el momento, diversos funcionarios se han mostrado disconformes con el proyecto de ley «mordaza». Precisamente, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, mencionó a Radio Exitosa que «se criminalice este comportamiento, no lo consideramos adecuado. La pregunta (…) es qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa«. Por su parte, recordó que se está reglamentando sancionar a los jueces y fiscales por revelar información confidencial. «Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido, más bien, a esclarecer los hechos. Y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor. No limitar a través de una norma», agregó.
De igual forma, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) cuestionó y rechazó la iniciativa que, a fin de cuentas, perjudica a la libertad de expresión. Sostuvo que de aprobarse «tendría un efecto restrictivo en el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación (..) puedan tener acceso a información fidedigna sobre causas judiciales de interés público”.
En esta línea, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se sumó a los cuestionamientos por el proyecto de ley en el cual la rechaza categóricamente por presuntos favoritismos en la protección de autoridades. “Advertimos que un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Lo consideramos, por el contrario, un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”, señaló el IPYS.
Hoy por hoy, el proyecto de ley sigue en constante evaluación por las autoridades y, próximamente, por el Congreso de la República.
