El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela y pidió a la Interpol emitir una circular roja para su captura internacional por corrupción en el Caso Odebrecht.
“El TSJ tomando en cuenta nuestro deber de mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución. Declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo de función pública”, dijo Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ.
Cabe mencionar que la decisión fue tomada luego de que la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentara denunciar contra Nicolás Maduro por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
La Corte declaró desde Bogotá: «la suspensión de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier otro cargo de gestión pública», en una sesión que la transmitieron en vivo.
En la sesión, el presidente del organismo, Miguel Ángel Martín, solicitó a la Guardia Nacional de Venezuela notificar y detener a Nicolás Maduro. Asimismo, pidió a la Interpol que emita la circular roja en su contra para activar la captura internacional.
El TSJ de Venezuela en el exilio ordenó notificar a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y al Grupo de Lima, para que tomen las medidas «correspondientes».
Ortega, que huyó de Venezuela en agosto de 2017, presentó pruebas que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht y pidió acusarlo de delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales».
A mediados de octubre de 2017, Ortega difundió un video en el que el ex presidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Azevedo, afirmaba haber pagado 35 millones de dólares a Nicolás Maduro por la campaña que lo llevó al poder tras el fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013)
Según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a «funcionarios e intermediarios del Gobierno» para «obtener y retener contratos de obras públicas».
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es reconocido por el Parlamento Europeo y la OEA.
I.C.T.
