La ley del Congreso que suspendía el cobro de peajes durante el estado de emergencia por el coronavirus levantó polémica desde el inicio y finalmente el Tribunal Constitucional (TC) declaró la ley No. 31018 inconstitucional.
La decisión se tomó de forma unánime tomando el artículo 62 de la Constitución que preserva la libertad de contratar y establecer que los términos de los contratos no pueden verse modificados por una ley o disposiciones de otro tipo.
Con este argumento, el TC señala que la ley viola la libertad de contratar. “Por ende, la suspensión arriesga la sostenibilidad de la infraestructura, lo cual, a su vez, compromete la seguridad de los usuarios”, argumentaron.
El magistrado Augusto Ferrero Costa, quien se encargó de la ponencia del caso, aseguró que si el Estado interviniera en los términos y relaciones contractuales modificando los términos acordados la libertad contractual se vería disminuida. Por consecuencia, las concesionarias tendrían pérdidas millonarias y el Estado tendría que costearlo.
P.B.P
