Presentan investigación por parte de la fiscalía general de la República (FGR) que en El Salvador indicó que presentó un dictamen de acusación contra cuatro presuntos integrantes de los «escuadrones de la muerte» que operaron durante la guerra civil y formaron parte del grupo que asesinó a cinco personas el 7 de abril de 1981.
Asimismo, señalo que “Es la primera vez en la historia del país que se procesa a una estructura de este tipo» por hechos cometidos en la década de los 80, bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad», indicó la FGR en una nota de prensa, en la que declara que la diligencia fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, en el departamento homónimo.
Por otro lado, los acusados son José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, señalados por los delitos de «asesinato y privación de libertad, asociaciones ilícitas, y delito contra las leyes o costumbres de guerra», señala la institución.
Ademas indicó que «Tres de los cuatro acusados fueron capturados en agosto del año 2021, y uno de ellos se encuentra fuera del país», menciona la FGR. Según la investigación, los «escuadrones de la muerte» en los que presuntamente participaban estos acusados operaban en el cantón San Andrés y alrededores de San Miguel.
Estas fueron las víctimas
Finalmente, a los cuatro imputados se les acusa de ser parte del grupo que asesinó a Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña, el 7 de abril de 1981. Indicó la fiscalía que un grupo de hombres que vestían uniformes militares y estaban armados, sacaron violentamente de sus viviendas a las víctimas para privarlas de libertad.
La fiscalía detalla días después que, los cadáveres fueron encontrados con señales de tortura, a la orilla de la carretera que conduce al municipio de San Alejo, en el departamento de La Unión. Asimismo, indicaron que cuentan con elementos suficientes de prueba «documental, pericial, testimonial», que permitirán acreditar la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen.
