La salud mental estudiantil en el Perú atraviesa una crisis profunda y silenciosa. En las escuelas públicas —que atienden a más de seis millones de estudiantes— los episodios de ansiedad, depresión, violencia familiar y problemas de conducta se han vuelto cada vez más frecuentes. Sin embargo, el sistema educativo no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar esta realidad. La falta de psicólogos, la precariedad de los servicios de orientación y la débil gestión institucional por parte de las UGEL y del MINEDU han dejado a miles de estudiantes en una situación de vulnerabilidad extrema.
En un aula de primaria, un niño de nueve años rompe en llanto tras una discusión mínima con un compañero. En secundaria, una estudiante deja de asistir por semanas después de sufrir episodios de ansiedad severa. En el patio, un conflicto entre adolescentes termina en golpes. Son escenas que los colegios públicos del país reportan con mayor frecuencia, pero para las que no cuentan con respuestas efectivas.
La psicóloga Silvia Farfán Toledo, especialista en salud mental educativa, lo resume con una frase contundente:
“La situación es de alto riesgo. La incidencia de ansiedad, depresión y problemas emocionales se ha disparado, y no existe la capacidad institucional para atenderla.”
Su diagnóstico no es aislado. Forma parte de una preocupación extendida entre profesionales que observan un deterioro emocional acelerado en estudiantes de primaria y secundaria.
Los testimonios recogidos coinciden en una constante: los colegios están lidiando con una gama de problemas emocionales y conductuales que antes se detectaban de manera más puntual, pero que hoy se presentan con alta frecuencia. Entre los principales casos reportados se encuentran:
- Violencia familiar trasladada al aula
- Depresión y retraimiento social
- Agresiones físicas y verbales entre estudiantes
- Bullying crónico o persistente
- Baja tolerancia al fracaso y frustración
- Crisis de ansiedad
- Conductas de riesgo y autoexclusión
Para la psicóloga Farfán, esta proliferación de casos responde a un abandono institucional: “No hay atención temprana ni seguimiento. Sin psicólogos suficientes, los problemas avanzan sin control.”
Las normas del Ministerio de Educación señalan que las instituciones deben contar con servicios de tutoría y orientación. Sin embargo, lo encontrado en campo desmiente ese mandato.
Farfán es tajante: “La principal carencia es que no hay psicólogos en la mayoría de colegios públicos. Y cuando existen, trabajan por horas y no se dan abasto.”
En algunas instituciones un solo profesional atiende hasta 800 estudiantes, cifra que excede cualquier estándar internacional aceptable. El resultado: diagnósticos tardíos, intervenciones mínimas y ausencia de seguimiento clínico o emocional.
Para comprender el impacto directo, se entrevistó al profesor Salvador Achiri, con amplia experiencia en escuelas públicas y privadas. Su testimonio revela una carga emocional que supera las funciones pedagógicas: “Los docentes somos los primeros en atender los casos. Conversamos, contenemos, derivamos. Pero no somos especialistas en salud mental.”
Achiri señala que en muchos colegios el protocolo termina en una cadena improvisada: el docente detecta el caso, lo comunica al tutor y este a la dirección. Pero no hay psicólogo al final del proceso. Cuando existe uno, afirma Achiri, “viene dos o tres horas. No alcanza para atender ni una fracción de los casos.” A eso se suma el impacto emocional en los propios profesores: “Ver situaciones de violencia familiar o depresión en niños nos afecta. Y sin soporte profesional, terminamos cargando con problemas que no nos corresponden.”
Durante la investigación se revisaron directivas, lineamientos y declaraciones institucionales. La conclusión: el problema no solo es la falta de psicólogos, sino la falta de gestión desde las UGEL y el propio MINEDU.
Entre los principales vacíos identificados:
- Plazas de psicología que no se convocan o se dejan desiertas.
- Contratos temporales por horas que impiden intervenciones reales.
- Falta de supervisión de las UGEL sobre el cumplimiento de la normativa.
- Protocolos de prevención que existen en papel, pero no se ejecutan.
- Derivaciones a centros de salud mental que no logran atender la demanda.
Sobre esto, Farfán añade un punto crítico: “Los centros de salud mental comunitarios están saturados. Las citas se programan para semanas después. Los estudiantes quedan en el limbo.” Es un círculo que se retroalimenta: sin apoyo en el colegio y sin atención oportuna en el sistema de salud, los problemas emocionales escalan.
Los expertos consultados coinciden en que la salud emocional no es un componente accesorio del aprendizaje. Cuando no se atiende, impacta directamente en:
- Rendimiento académico
- Asistencia y puntualidad
- Riesgo de deserción
- Conducta y convivencia
- Concentración y memoria
- Socialización
“No se puede aprender si se está emocionalmente inestable”, señala la psicóloga Farfán. Mientras que el docente Achiri lo confirma desde la experiencia diaria: “Un estudiante nervioso, ansioso o apagado no responde al proceso pedagógico, por más innovadora que sea la metodología.”
¿Qué hacer? Las medidas urgentes que el Estado sigue postergando
Tanto los especialistas como los docentes consultados coinciden en una lista de reformas mínimas necesarias para enfrentar la emergencia:
- Un psicólogo a tiempo completo por colegio, como mínimo.
- Más de un psicólogo en instituciones con alta matrícula.
- Eliminación de la modalidad de contrato por horas, que imposibilita cualquier intervención real.
- Capacitación docente, pero entendida como complemento, no reemplazo.
- Aplicación estricta de los protocolos de prevención y atención de casos.
- Coordinación directa con centros de salud mental, con cupos preferenciales para estudiantes.
- Supervisión activa de las UGEL para garantizar plazas y cumplimiento normativo.
En conclusión, la salud mental escolar se ha convertido en una emergencia silenciosa dentro del sistema educativo peruano. Los problemas se multiplican, los docentes se desbordan y las familias no encuentran apoyo. Pero la respuesta institucional es insuficiente. El país no podrá mejorar sus indicadores educativos mientras ignore esta realidad. Garantizar servicios psicológicos permanentes no es un lujo: es una obligación. Y cada día que pasa sin acción, miles de estudiantes siguen enfrentando solos un sufrimiento que podría ser prevenido.
Creditos a los colaboradores de la investigación:
- Casas Loayza Luis Alberto – encargado de la investigación
- Miguel Angel Pisconte – encargado en entrevistar a los psicólogos
- Silvia Farfán Toledo – psicóloga educativa; testimonios e insights
- Rubén Pisconte Barahona – psicólogo y docente universitario; aportes y análisis
- Salvador Achiri – docente en colegios públicos y privados; experiencias narradas
