La noche del lunes 4 de abril, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció el toque de queda, desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes en Lima Metropolitana y el Callao. Está medida, a afectado la economía de miles de trabajadores y negocios que, de acuerdo a estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), por cada día de inmovilización solo en Lima y Callao, el Producto Bruto Interno (PBI) del país pierde alrededor de S/1,000 millones.
Pese a que, por la tarde del martes 5 de abril el presidente informó que la medida quedaba sin efecto, el impacto en la economía fue considerable. La CCL mencionó que el comercio mayorista y minorista tendrá pérdidas por S/140 millones diarios, lo que a 100 000 personas. Además, la Asociación de Bodegas del Perú estimó que los 150,000 negocios que se dedican a este rubro en la capital perdieron S/12 millones.
La representante de los empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, manifestó que las pérdidas de los empresarios del emporio comercial ascendieron a S/20 millones. Por su parte, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) calculó que las perdidas en su sector serian US$500,000.
Un sector ligado al turismo y que fue igual de perjudicado por esta decisión son los restaurantes. Blanca Chávez, representante de estos negocios, aseguró que un día de paralización representa un promedio de 10 % de ventas mensuales de los restaurantes.
“Los empresarios gastronómicos no vamos a poder reactivarnos totalmente con estas medidas de restricción del libre tránsito, que afecta gravemente no solo a los restaurantes, sino también a toda la cadena de suministros”, agregó.
Para IPAE Asociación Empresarial, la medida que tomó el Ejecutivo no solo es inconstitucional, también atentó contra el libre tránsito y el derecho al trabajo de las personas, demostrando de esta forma la incapacidad para gobernar de por parte del mandatario.
“Se ha colocado al país, una vez más, en una situación de inestabilidad y angustia, por lo que exhortamos a las autoridades a buscar una salida. Lamentablemente, esta restricción de derechos fundamentales es parte del atentado sistemático de este gobierno contra la democracia y el correcto funcionamiento del Estado”, enfatizó el gremio.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) apoyó la mencionada posición y además aseveró que, hoy en día, se está buscando la recuperación económica tras la pandemia y lo que más se necesita es estabilidad y coherencia para generar más empleo.
“Los conflictos sociales no se resuelven encerrando a la población, sino con diálogo, con una agenda clara y tomando acciones para restablecer el estado de derecho y el orden público”, puntualizó.
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