El Parlamento Andino, una institución supranacional que representa a los países miembros de la Comunidad Andina (Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile), continúa siendo un foco de controversia debido a los altos costos que implica su funcionamiento. Según un informe de 2024, el Estado peruano ha destinado más de S/5.2 millones para financiar los salarios de sus parlamentarios, pasajes internacionales y viáticos, un gasto que no ha pasado desapercibido en un contexto de creciente demanda por la optimización de recursos públicos.
Este órgano, creado en 1969 bajo el Acuerdo de Cartagena, tiene como objetivo representar los intereses de los países andinos en el plano regional y promover la integración de los mismos. Sin embargo, su impacto en la vida política y económica de la región ha sido cuestionado en varias ocasiones. Aunque los parlamentarios de la Comunidad Andina tienen la capacidad de emitir resoluciones, estas no tienen carácter vinculante, lo que limita su efectividad.
En el caso de Perú, la asignación de recursos para financiar las actividades del Parlamento Andino ha generado un debate sobre su pertinencia. Los gastos en pasajes, viáticos y comisiones para los parlamentarios peruanos, quienes realizan viajes frecuentes fuera del país, ascienden a más de S/2 millones al año, sin que se perciban beneficios tangibles para la población. A pesar de los esfuerzos por justificar la existencia del Parlamento Andino como un medio para fortalecer la integración regional, los resultados de sus labores parecen estar lejos de lo esperado.
El aumento en los costos de los viajes ha generado controversia y ha reabierto el debate sobre la eficiencia del Parlamento Andino, especialmente en un contexto económico difícil en varios países de la región. Diversos sectores han cuestionado si estos desplazamientos son estrictamente necesarios y si el dinero público se está utilizando de manera adecuada. Este debate ha impulsado voces que proponen una reforma del Parlamento Andino, sugiriendo que los parlamentarios nacionales podrían asumir también las funciones de representación andina, lo que podría reducir los costos y aumentar la eficiencia de esta institución.
A medida que continúan los cuestionamientos sobre el uso de los recursos del Parlamento Andino, se espera que el tema sea objeto de mayor discusión en las próximas sesiones legislativas.
