“La población que se mantuvo ocupada en el segundo trimestre del 2021 fue 0,9 % menor que la del 2019”
Con una población ocupada cuya calidad de empleo se han deteriorado, el Ministerio de Trabajo tiene un rol importante para generar condiciones que permitan recuperar el terreno perdido. El avance del empleo desde la cuarentena estricta en el segundo trimestre del 2020 ha sido sostenido, con excepción de un retroceso en el primer trimestre del 2021 dado el impacto de la segunda ola de la pandemia.
Según la Encuesta de Hogares (Enaho) del INEI, la población ocupada nacional en el segundo trimestre del año pasado fue 0,9 % menor a la correspondiente al mismo período del 2019.
Sin embargo, la evidencia sugiere una recuperación más lenta del empleo en trabajadores mejor calificados y de puestos de trabajo de mayor calidad. Según nivel educativo, la población ocupada con educación superior universitaria o no universitaria fue 8 % menor respecto al segundo trimestre del 2019, una pérdida de 527 mil puestos de trabajo. Además, según el BCR, el empleo formal del sector privado fue 3,9 % inferior al del mismo período del 2019.
La reinserción laboral postpandemia se ha dado en gran medida en ocupaciones que ofrecen menores salarios y peores condiciones laborales. Esto se dio debido a la falta de mecanismos de protección social efectivos en el Perú, la mayoría de las personas no puede mantenerse desocupadas por mucho tiempo y buscan alternativas en el subempleo.
Los datos de la Enaho muestran que el número de trabajadores subempleados a nivel nacional ascendió los 9 millones en el año móvil comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, lo cual se traduce en un incremento de más de 1 millón y medio de personas en el subempleo en relación con los años móviles julio 2019-junio 2020 (7,5 millones) y julio 2018-junio 2019 (7,4 millones).
Del mismo modo, la tasa de informalidad en el país se ha incrementado de 73,6 % en el año móvil julio 2019-junio 2020 a 78,1 % en julio 2020-junio 2021. Esto se da principalmente por el incremento de la informalidad en el área urbana de 66,8 % a 72,5 % entre los mismos periodos. Eso no es todo, ya que, en las zonas urbanas la participación de los trabajadores independientes o autoempleados sobre el total de la fuerza laboral ocupada se ha incrementado de 32,9 % previo a la pandemia (cuarto trimestre de 2019) a 35,7 % en el primer trimestre de 2021.
Pero la precarización del empleo ha llevado a que surja una caída de los ingresos de la población, esto a su vez pone a un grupo de familias en una situación de vulnerabilidad económica. En el área urbana el ingreso promedio mensual por trabajo se ha reducido de S/1.572 en el periodo julio 2018-junio 2019 a S/1.313 en julio 2020-junio 2021, una caída de 17 %. En el Perú el 80 % de los ingresos de las familias provienen del trabajo, mientras que el 20 % corresponde a ingresos no laborales como transferencias, alquileres, utilidades, entre otros.
Para contrarrestar esto, el Gobierno anunció que se buscará dinamizar el empleo a través de obras públicas y programas de empleo temporal. El por entonces ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, había señalado que los programas estatales de empleo temporal involucraban un costo de S/700 millones para el 2021 y el 2022, monto que sería financiado mediante la recaudación tributaria. De dicho monto, S/526 millones se ejecutarían durante el 2022, como parte del programa Trabaja Perú. Con ello se tiene prevista la creación de alrededor 500 mil empleos temporales en las municipalidades.
Pero este planteamiento que se hizo, distrae la atención sobre los dos asuntos pendientes y de suma urgencia; la generación de empleo a partir de una mayor inversión privada y los problemas estructurales que presenta el mercado laboral del país como son, la alta informalidad y baja productividad del trabajo.
El investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, explica que la legislación laboral en el país resulta mayormente ignorada y no protege a los más pobres, por el contrario, solo lo hace con la minoría que logra acceder a un puesto de trabajo formal.
“Las regulaciones impuestas por la legislación laboral generan distorsiones que limitan la formalización de los trabajadores. Se protege al puesto de trabajo, cuando en realidad se debería pensar en brindar protección a las personas”, puntualiza.
