La mecánica del crimen
La masacre se habría producido como parte de una operación para apoderarse de 200 toneladas de mineral aurífero, valorizado en más de 1.2 millones de dólares. Según información preliminar, los atacantes no solo asesinaron a los vigilantes, sino que también se llevaron una importante cantidad del mineral extraído y causaron daños en la infraestructura minera.
Testigos y familiares de las víctimas han denunciado que las autoridades llegaron demasiado tarde y que la presencia policial y militar es casi nula en los puntos críticos de la minería ilegal. Pese a que la región ha sido catalogada como zona de emergencia en otras ocasiones, los operativos no han logrado frenar el avance del crimen organizado.
‘Cuchillo’: un rostro conocido por la justicia
Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, no es un desconocido para las autoridades. En 2023, fue capturado tras ser vinculado al asesinato de diez trabajadores mineros de la empresa Poderosa. Sin embargo, fue liberado por el Ministerio Público por falta de pruebas contundentes, a pesar de que informes de inteligencia lo colocaban al mando de la organización criminal “La Gran Alianza”.
Esta organización se dedica al robo de oro en socavones, extorsión a empresarios mineros y control territorial de rutas de transporte de mineral. Se estima que sus operaciones ilegales han generado ingresos por más de 80 millones de soles, mientras que sus operadores se mueven libremente entre Perú, Ecuador y Colombia.
Tras la masacre de Pataz, ‘Cuchillo’ huyó del país rumbo a Colombia, donde ingresó sin restricciones debido a la ausencia de una orden de captura internacional activa. Este hecho ha generado críticas hacia las autoridades judiciales, que habrían desestimado múltiples alertas sobre sus movimientos.
Medidas del Gobierno: ¿demasiado tarde?
En respuesta a la tragedia, el Gobierno de Dina Boluarte declaró toque de queda nocturno en la provincia de Pataz y suspendió las actividades mineras por 30 días. También se anunció el despliegue de tropas del Ejército y la instalación de una base militar en la zona. No obstante, las críticas no se hicieron esperar.
Analistas y defensores de derechos humanos calificaron las medidas como “reactivas y tardías”. “No se puede esperar a que ocurran masacres para recién enviar al Ejército. Hay un abandono sistemático del Estado en zonas ricas en recursos naturales”, sostuvo el analista en seguridad pública Ricardo Soberón.
Por su parte, familiares de los vigilantes asesinados exigen justicia y la captura inmediata de los responsables materiales e intelectuales. “Mi hermano fue a trabajar para darle de comer a sus hijos. Lo mataron como a un animal y ahora nos dicen que están investigando. Ya es tarde”, denunció uno de los deudos entre lágrimas.
Un patrón que se repite
La masacre de Pataz no es un caso aislado. En los últimos cinco años, la región ha sido escenario de múltiples enfrentamientos vinculados a la minería ilegal, muchos de los cuales quedan impunes o no llegan a esclarecerse. La falta de control en las concesiones, la corrupción en el sistema judicial y la débil presencia del Estado han permitido que mafias como la de ‘Cuchillo’ florezcan con facilidad.
Expertos advierten que, si no se toman medidas estructurales y sostenidas, la violencia continuará escalando. La minería ilegal no solo destruye el medio ambiente y evade millones en tributos, sino que también se ha convertido en un foco de poder para redes criminales que rivalizan en violencia con el narcotráfico.
