El pasado 10 de junio de 2025, el Gobierno del Perú formalizó su adhesión al Tratado de Alta Mar, un instrumento jurídico multilateral impulsado por la ONU que busca proteger la biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicción nacional. El tratado propone reglas comunes para evaluar, regular y conservar actividades en altamar, como la pesca, la bioprospección genética y la explotación de recursos minerales.
Desde el ámbito ambiental, la decisión ha sido celebrada como un paso histórico. Sin embargo, en el plano económico, la firma no ha estado exenta de controversia. Gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Comex Perú han manifestado su preocupación por los efectos que el tratado podría tener sobre el desempeño y los costos operativos de las empresas vinculadas al mar.
Empresarios temen más fiscalización y menos competitividad:
Uno de los principales puntos de fricción es la inclusión de evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para proyectos en altamar. Si bien el tratado se aplica más allá de las 200 millas náuticas, empresarios temen que su implementación derive en mayores exigencias técnicas, demoras en autorizaciones y un incremento de los costos regulatorios, lo que podría restar competitividad a las flotas pesqueras peruanas que operan cerca del límite marítimo.
“Este tratado podría abrir la puerta a que organismos internacionales u ONG influyan indirectamente en cómo operamos. Si bien no regula las aguas territoriales, puede terminar generando presión sobre nuestras prácticas, y eso preocupa”, señaló de forma reservada un representante del sector pesquero a un medio especializado.
Además, se teme que el estándar ambiental global que impone el tratado, al exigir transparencia y reportes detallados sobre las actividades industriales en altamar, afecte los márgenes de rentabilidad del sector, que ya enfrenta desafíos por la sobrepesca, las vedas biológicas y la variabilidad climática, como el Fenómeno El Niño.
Resistencia gremial frente al cambio de modelo oceánico
Para especialistas en derecho ambiental, estas preocupaciones empresariales reflejan resistencia al cambio en el modelo extractivo que históricamente ha primado en el mar peruano. “La oposición de algunos gremios muestra una visión cortoplacista. Hoy la competitividad no puede medirse solo en toneladas extraídas, sino en sostenibilidad, trazabilidad y respeto a estándares internacionales”, indica Gabriela Ramírez Parco, experta en legislación ambiental marina. Ramírez añade que, lejos de ser un obstáculo, el tratado puede abrir nuevas oportunidades para el país: “Las empresas que se adapten más rápido a las reglas ambientales del siglo XXI serán las que ganen mercados. Especialmente en Europa y Asia, los consumidores ya exigen pesca responsable”
