Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.: N°-4654-
Sí o sí el gobierno de Dina Boluarte antes que deje la presidencia aceptará con gran complacencia la coacción de los mineros ilegales, exigiendo “incorporación de la minería ilegal a la legalidad”. Cabe subrayar la dirigencia de los mineros ilegales persiste en que el gobierno formalice su actividad ilícita y acepte la vigencia de esta, alterante engañadoramente como “Minería informal”.
Para imponer su exigencia los ilegales mineros, obstruyen el tránsito terrestre, cerrando las vías de comunicación, interrumpido el acceso por carretera tanto en Lima como en el sur del país, obstruyendo por hienas violentas, que provoca temerariamente al control policial establecido por el gobierno. Este bloqueo viene poniendo en riesgo 622 millones de soles diarios, de las economías de las regiones Ica, Cusco, La Libertad y Arequipa. Monto equivalente al 20 % del Producto Bruto Interno (PBI) de aquellos territorios, que implica un componente determinante para la economía nacional.
Como se sabe la Cámara de Comercio de Lima. CCL promueve el desarrollo del empresariado, facilitar oportunidades de negocio y mejorar la competitividad de las empresas. Asimismo, ha expresado: “su repulsa firme” a estos bloqueos de las calles y carreteras en distintas regiones del Perú, promovidos por sectores vinculados a la minería ilegal. Todo ello está causando el desabastecimiento de productos de consumo, así como menos ingresos/salidas de materias primas y productos exportables; paralización del turismo y sus cuantiosas pérdidas económicas. Además, ponía en conocimiento el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), órgano técnico de la CCL, que la interrupción del tránsito afectaría hasta el 20 % del producto bruto interno (PBI) regional, en zonas como Arequipa, Cusco, Ica y La Libertad. Esto implica un impacto económico diario superior a S/ 622 millones, perjudicando la seguridad ciudadana, así como el funcionamiento de la actividad productiva formal. El país no puede permanecer sometido por intereses que atentan contra el orden constitucional y el derecho de los ciudadanos al libre tránsito. El dominio del territorio no debe recaer en organizaciones criminales que recurren a la intimidación y la extorsión; cabe indicar desde el 30 de junio, vienen reportándose bloqueos de carreteras y ocupaciones de espacios públicos por los mineros ilegales en varias regiones del país —incluyendo tanto Lima Metropolitana como Arequipa, La Libertad y bloqueos en la Panamericana Sur; en especial, Chala (Arequipa)— como parte de las protestas de este gremio contra el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Tanto, que el 10 de julio se han manifestado en Pataz y otras zonas, intensificando y causando importantes interrupciones de carreteras y choques con la policía, lo que ha perjudicado las economías de las provincias vecinas.
Es fácil de percibir que tamaño atentado contra el Estado de derecho —liderado por una dirigencia sindical que maneja ilegalmente muchos miles de millones de soles mensuales— tiene hoy maniobra con mala fe, con el objetivo de enervar el proceso electoral 2026, apelando a la victimización de los mineros informales. Esto en beneficio del totalitarismo —perennemente desamparados de respaldo ciudadano— que anda detrás de este movimiento; porque genera una exorbitante cantidad de dinero negro con el cual no solo pueden comprarse conciencias, sino solventar aquellas campañas electorales que les haga falta. Así estamos. No se sorprendan señores lectores que las elecciones de 2026 se estrenarán con violencia y mucha sangre.
