El Congreso de la República aprobó con 93 votos a favor, 28 votos en contra y una abstención la posibilidad de volver a tener dos cámaras legislativas y permitir la reelección parlamentaria de manera indefinida. Esto implica una reforma constitucional que aún debe ser ratificada en la siguiente legislatura para que entre en vigor en las elecciones generales del 2026.
Según el dictamen de la Comisión de Constitución, encabezada por la legisladora fujimorista Martha Moyano, el Parlamento tendrá una Cámara de Diputados con 130 integrantes, como en la actualidad con el modelo unicameral, y un Senado con 60 miembros. Ambas cámaras tendrán mandatos de cinco años y la opción de extender su periodo.
Requisitos
Para ser elegido como diputado en Perú, es requisito ser ciudadano peruano desde su nacimiento, haber alcanzado la edad de 25 años y contar con derecho a voto. Para ocupar el cargo de senador, se agregan los requisitos de haber cumplido los 45 años y contar con experiencia previa como congresista o diputado.
Cabe destacar que los candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia también pueden presentarse como aspirantes a miembros de cualquiera de las dos cámaras.
En el documento aprobado por los miembros del congreso señala que los senadores y diputados representan a la nación y tienen libertad de acción, lo que significa que no están obligados a seguir órdenes y no pueden ser interrogados. Además indica que su cargo como legislador es intransferible.
En caso de cometer alguna infracción relacionada con la ética parlamentaria, los miembros de las cámaras alta y baja podrían enfrentar una suspensión de hasta 120 días en el desempeño de sus funciones.
Mayor control político
Si se establece la bicameralidad, la tarea principal de la Cámara de Diputados será ejercer un mayor control político. Podrán investigar asuntos de interés público, hacer preguntas y destituir a ministros del Estado. Además, podrán aprobar o rechazar una cuestión de confianza presentada por el primer ministro.
Si la cuestión de confianza se rechaza dos veces, el presidente de la República puede disolver la cámara y llamar a elecciones para nombrar nuevos miembros. Este proceso electoral se lleva a cabo en un plazo máximo de cuatro meses y los nuevos miembros completarán el mandato de los diputados que fueron destituidos.
El dictamen apoyado por la Comisión de Constitución establece que en caso de no realizarse las elecciones dentro del plazo estipulado, la Cámara de Diputados que ha sido disuelta se reunirá automáticamente, recuperará sus poderes y destituirá al Consejo de Ministros. Es importante destacar que ninguno de los integrantes del Consejo de Ministros podrá ser reemplazado como ministro durante el resto del período presidencial.
Ahora bien, la Cámara de Diputados no puede ser disuelta durante el último año de su mandato ni cuando existe un Estado de sitio, como es el caso de una invasión o una guerra civil o exterior. Si se tomara la decisión de disolver la Cámara sin contemplar los dos escenarios mencionados anteriormente, el Senado seguiría estando en funciones.
Después de que el presidente del Consejo de Ministros informe a la nueva Cámara de Diputados sobre los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario, la cámara puede censurar al Consejo de Ministros. Según lo establecido en su Reglamento, a la Cámara de Diputados le corresponde acusar ante el Senado a una serie de funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la república, senadores, diputados, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general, por violaciones a la Constitución y por cualquier delito cometido durante el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de que cesen en ellas.
En cuanto a su función, el Senado es responsable de designar a tres miembros del Banco Central de Reserva (BCR), al defensor del Pueblo y al pleno del Tribunal Constitucional mediante una mayoría absoluta de sus miembros. Además, el Senado puede destituir a la Junta Nacional de Justicia si hay un motivo grave y también debe aprobar las nominaciones del Ejecutivo para la Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Contraloría general de la República.
Otra responsabilidad del Senado es decidir si debe suspender, inhabilitar por hasta diez años o destituir de su cargo a un funcionario acusado, sin afectar a su posible responsabilidad legal en otros aspectos.
El jefe de estado necesitará rendir cuentas ante el Senado o la Comisión Permanente por cada decreto legislativo emitido. Asimismo, tendrá que pedir autorización para salir del país con el propósito de asistir a eventos extranjeros.
También tendrá la capacidad de dar su consentimiento para permitir la entrada de tropas extranjeras, supervisar los decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y los decretos que se emitan durante un régimen de excepción, y aprobar tratados de conformidad con el artículo 56 de la Constitución.
Comisión Permanente del Congreso
La Comisión Permanente se compone de un número igual de representantes elegidos por el Senado y la Cámara de Diputados. El líder del Congreso encabeza esta comisión. Durante el receso del parlamento, la Comisión tiene la capacidad de aprobar créditos suplementarios, trasferencias y habilitaciones presupuestarias, autorizar la salida del presidente del país y otras funciones asignadas por la Constitución.
Proceso legislativo bicameral
Una vez que la Cámara de Diputados apruebe una propuesta de ley, su presidente informará en el plazo indicado en el reglamento al presidente del Senado, quien la revisará. Si el proyecto de ley es rechazado por la Cámara de Diputados, se archivará.
En el plazo establecido por el reglamento, el Senado decidirá si aprueba o modifica la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados. Si se aprueba, la autógrafa de la ley se enviará al presidente para que la promulgue. Si el Senado no revisa la propuesta dentro del plazo establecido, el presidente del Congreso enviará la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados al presidente de la república. Si el Senado rechaza la propuesta, se archivará.
