Luego del golpe de Estado de 2003 en Egipto, se incrementó la pena de muerte, acusando a algunas personas de haber participado de atentados terroristas. Tal como señala uno de los abogados de un joven acusado de ese delito, no les permitieron llevar un proceso normal en el que pudieran defenderse y ya en la instancia final poder despedirse de su familia.
Mohamed Amhed, un investigador, miembro del movimiento mundial llamado Amnistía Internacional, se dedican a poner fin a los abusos a los derechos humanos. Detectó que después de que Abdelfatá al Sisi tomo el control de Egipto, se han dictado 1400 penas de muerte. Solo en los tres últimos meses de este año se realizaron más de 28 ejecuciones.
A causa de un atentado en la mezquita sufí de Sinaí, donde murieron 300 personas, al Sisi prometió reforzar la seguridad del país árabe, incrementando más “fuerza bruta” en todas las operaciones. Abogados y familiares de las personas condenadas a muerte señalaron que las víctimas son torturadas días previos a que sean asesinadas.
Ante estas acciones, la Organización de las Naciones Unidas presentó un comunicado: “Estamos particularmente preocupados por un aparente y reiterado patrón de penas de muerte dictados sobre la base de evidencias obtenidas a través de la tortura o los malos tratos, a menudo durante un periodo de desaparición forzada”, anunciaron.
Por tanto, la ONU instó a las autoridades egipcias a aplicar una moratoria con la finalidad de garantizar que los estándares de un juicio sean respetados en el marco de las leyes.
A.Z.G
