En el año 2018, el Perú suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”, debido a la ciudad costarricense donde se firmó este tratado.
No obstante, en los últimos años ha habido un recelo por parte de las autoridades del Estado a renovar el acuerdo. Precisamente, el Congreso de la República ha rechazado en dos ocasiones ratificar este tratado internacional pese a la recomendación de especialistas, organizaciones internacionales y nacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.
En ese contexto, Mariano Castro, coordinador de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú, e integrante de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, brinda mayores luces frente a este problema.
Acuerdo por el Medio Ambiente
El experto considera que este tipo de acuerdos son beneficiosos para Perú debido a que ayudan a fortalecer la institucionalidad debido a su contribución para prevenir y gestionar mejor los conflictos.
Asimismo, considera que fomenta la inversión responsable y la accesibilidad a la información por parte de la población con motivo de tomar decisiones eficientes.
En esa línea, Castro manifiesta que Latinoamérica y el Caribe comparten problemáticas similares, por lo que al estar aislado de un acuerdo como este se pierden soluciones y avances que se desarrollan a nivel regional.
Temas Necesarios
La no participación del Perú lo hace retroceder en términos de liderazgo frente a las decisiones que se iban tomando en el acuerdo. La añadida participación de países europeos, organismos multilaterales, el Banco Mundial, entre otros; desvela la importancia de este tipo de iniciativas y el retroceso en cuanto a política exterior que el estado atraviesa al mantenerse al margen de una renovación.
Asimismo, uno de los puntos que más destacan los detractores del acuerdo de Escazú es su posible intromisión en la inversión privada. No obstante, Mariano Castro menciona todo lo contrario y desmiente aspectos como la pérdida de soberanía de la Amazonía.
“El artículo 3 del acuerdo establece claramente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y además también el principio de igualdad soberana de los Estados. Además, varios artículos del Acuerdo Escazú otorgan a los Estados la autonomía para implementar los estándares en materia de información, participación y justicia ambiental, y además agrega que se ejecutarán de acuerdo a la legislación nacional”, precisó Castro.
En esa línea, el coordinador resalta que el acuerdo no es redundante sino que se encarga de establecer orientación para mejorar las condiciones de aplicación de las medidas ya impuestas por otro tipo de iniciativas.
Defensores Ambientales
La Amazonía se ha convertido en el territorio predilecto para actividades delictivas como el narcotráfico y la minería y tala ilegal, es por ello que la labor de los defensores ambientales es de suma importancia para este tipo de críticas situaciones.
Al respecto, el acuerdo de Escazú también vela por la seguridad de los constantemente amenazados defensores ambientales que viven protegiendo la naturaleza a pesar del peligro que corren sus vidas.
En ese sentido, el acuerdo es importante dado que precisa la obligación de los Estados a que se establezcan mejores mecanismos para la protección de estos valerosos ciudadanos que en los últimos años han sufrido graves amenazas y asesinatos.
Finalmente, Mariano Castro precisa que es necesario una colaboración entre ciudadanía y congreso frente a este tipo de problemáticas que se ven sumamente afectadas por falsedades y un pobre diálogo.
