En medio de tensiones y amenazas, Estados Unidos lleva a cabo un plan de construcción de instalaciones militares en América Latina para asegurar su hegemonía, como parte de una geopolítica que apunta a asegurar los recursos naturales de la región.
La administración de Donald Trump ha emprendido la cruzada para recuperar su dominio en el hemisferio, con apoyo de algunos gobiernos de derecha, después que Washington desconociera el derecho internacional y anunciara la salida de su país de organismos mundiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y creara una «Junta por la Paz» que desplazaría a Naciones Unidas.
El Comando Sur de Estados Unidos ha confirmado que destinará 11 millones de dólares en los próximos cinco años para “fortalecer” las fuerzas especiales de Paraguay y mejorar lo que considera la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
La inversión incluye la entrega de armamento y equipos especializados, como fusiles, pistolas y dispositivos de visión nocturna. El presidente paraguayo, Santiago Peña, del Partido Colorado (conservador) ha destacado la importancia de esta cooperación con el argumento de mejorar la seguridad y fortalecer los lazos estratégicos.
“Permitirá elevar el nivel de preparación y respuesta ante amenazas complejas”, señaló la Presidencia paraguaya el 23 de enero pasado. “Paraguay es uno de los aliados de EEUU más importantes, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo”, subrayó el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en Asunción, Robert Alter.
El comandante de las Fuerzas Militares del Paraguay, general César Moreno Ladaira, informó que viajará a Washington para participar en la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, el 11 de febrero, convocada por Trump, cuyo gobierno anunció también la construcción de una base naval en el Callao, provincia vecina de Lima, Perú.
Con una inversión de 1.500 millones de dólares, el Pentagóno informó sobre un acuerdo con el gobierno interino del derechista José Jerí para construir una poderosa base naval, a 80 km al norte del megapuerto de Chancay, levantado por China con una inversión superior a los 4.000 millones, creando una ruta comercial directa entre Sudamérica y Asia.
Según la agencia británica Reuters, el ultraderechista pro Trump presidente interino de Perú, José Jerí, avanza en la compra de 24 aviones caza a EEUU, “cuando el 30% de los peruanos vive en la pobreza”, mientras el destituido mandatario izquierdista Pedro Castillo ha sido condenado a 11 años de prisión “por defender a los pobres”.
Inmerso en escándalos de presunta corrupción, según medios locales, Jerí recientemente aprobó una operación de endeudamiento por 3.500 millones de dólares para la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Además, se espera comprar 12 aviones subsónicos y una flota de helicópteros de búsqueda y rescate.
El proceso de selección técnica ha evaluado tres modelos principales de aeronaves: el Lockheed Martin F-16 Block 70/72 de Estados Unidos, el Dassault Rafale de Francia y el Saab Gripen E de Suecia.
La operación se ejecutará en dos fases financieras diferenciadas, la primera etapa contempla una asignación de 2.000 millones de dólares para el 2025 y los 1.500 millones restantes están programados para el ejercicio fiscal de 2026.
Las denuncias contra Jerí “han coincidido con una intensificación de la campaña de influencia de Estados Unidos en la región, destinada a reducir los profundos lazos de China con la región”, señaló la agencia Reuters al referirse a la geopolítica de EEUU, basada en la “Doctrina Monroe” de 1823 que considera a América Latina su “patio trasero”.
China, que controla una de las minas de cobre más grandes de Perú y compra alrededor del 70% de la producción local de este metal, concentra alrededor del 33% del intercambio comercial peruano frente al 14% de Estados Unidos, precisa la fuente de noticias.
Trump además hizo público el interés de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, y anexarse Groenlandia, administrada por Dinamarca, que junto a Europa se oponen al plan del magnate estadounidense de controlar la isla ártica. Canadá ha preferido firmar un acuerdo comercial con China y alejarse de EEUU.
Estados Unidos ha utilizado como pretexto el narcotráfico para edificar bases militares en la región, a pesar de contar con unas 800 repartidas en el mundo, incluida siete bases aéreas en Colombia, en el contexto de supuestas amenazas a la seguridad, a fin de mantener su dominio en la región, pero defendida por la CELAC como una “zona de paz”.
Colombia, Brasil, México y otros países progresistas han recibido amenazas veladamente por no sumarse a la estrategia de la Casa Blanca. Trump advirtió con intensificar el bloqueo económico contra Cuba, vigente hace casi siete décadas, y controlar los recursos energéticos de Venezuela, después de agredir a Caracas, el pasado 3 de enero.
A pesar de que la Justicia estadounidense descartó la existencia del “Cartel de los Soles”, que ha servido de base a Washington para atacar a Venezuela y otras naciones, el presidente Trump insiste en justificar una mayor presencia militar estadounidense en América del Sur, especialmente la región andina.
Durante el 2025, Trump admitió haber llevado a cabo en 2025 una injerencia en los procesos electorales de Latinoamérica y el Caribe a favor de candidatos de ultraderecha. El caso de Honduras fue el más escandaloso con una abierta campaña de respaldo al aspirante Nasry Asfura, quien asumió en la víspera el mando del país centroamericano.
En 2026 se llevarán a cabo elecciones generales en Costa Rica (1 de febrero), Colombia (31 de mayo), Perú (12 de abril), Brasil (4 de octubre) y Haití (30 agosto), según el cronograma de los organismos electorales de esos países.
Previamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostendrá una reunión en Washington con Trump, el próximo 3 de febrero, para superar diferencias. Ambos líderes estuvieron enfrentados tras la acusación de Trump contra Petro de dirigir un “narcoestado”, y haberlo incluido en la lista de Clinton de traficantes y retirar la visa a él y su familia.
A Brasil le aplicó en 2025 aranceles a las exportaciones del gigante sudamericano hacia el mercado norteamericano y pretendió que se liberara al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y tratar de impedir que asumiera el mando el electo mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
