El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha decidido suspender temporalmente el financiamiento destinado a Perú para la lucha contra las drogas. La medida, que implica un congelamiento de 90 días, responde a un decreto presidencial que busca reevaluar los programas de ayuda exterior en función de los intereses nacionales estadounidenses.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, confirmó la paralización de los fondos, que ascienden a un total de 630 millones de dólares pactados con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hasta 2030. Según Schialer, esta suspensión ya está impactando en los fondos que recibe el país y podría afectar sectores clave como salud, educación y medio ambiente.
“Han ordenado detener los fondos por 90 días para evaluar su emisión. Sin embargo, estoy seguro de que la ayuda en temas críticos de seguridad nacional no será afectada, pues es estratégica para los propios norteamericanos”, aseguró Schialer en entrevista con Exitosa.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la medida señalando que cada dólar invertido debe responder a preguntas esenciales sobre la seguridad, fortaleza y prosperidad del país. En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó: “Cada programa financiado debe demostrar beneficios claros para el pueblo estadounidense”.
La relación bilateral en la lucha contra las drogas se remonta a 1981, cuando los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y Ronald Reagan firmaron un acuerdo para combatir el narcotráfico y la producción de cultivos ilícitos, principalmente de hoja de coca. Este convenio incluyó acciones como la erradicación de cultivos ilegales, interdicción de drogas y desarrollo de alternativas económicas para las comunidades afectadas.
Entre 1995 y 2000, esta cooperación permitió una reducción significativa de los cultivos de hoja de coca en Perú, pasando de 115.000 hectáreas a 34.000. Más recientemente, informes de USAID destacan avances en la provisión de alternativas económicas para comunidades rurales, aunque la efectividad general de estas estrategias sigue siendo objeto de debate.
Mientras se espera la reevaluación de los fondos, las autoridades peruanas temen que la suspensión impacte proyectos fundamentales en áreas sociales y ambientales. Aunque Schialer se mostró optimista respecto a la continuidad del apoyo en temas de seguridad, la medida genera incertidumbre en torno al futuro de la cooperación entre ambos países.
Esta decisión refleja un cambio en la política exterior de Estados Unidos, con un enfoque más centrado en la justificación interna de cada inversión, y plantea nuevos retos para Perú en su lucha contra el narcotráfico.
