La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California llevó a cabo la audiencia pública en la que se evaluó un recurso de Toledo que pretendía anular el proceso.
La defensora pública asignada a Toledo, Mara Goldman, alegó que la Fiscalía peruana solicitó la extradición cuando la investigación estaba en fase preliminar y no había ninguna acusación clara de los delitos cometidos.
Asimismo, Goldman añadió que el tratado de extradición entre Perú y EE.UU. establece que la solicitud solo puede ser admitida si se cumplen los requisitos.
De tal manera, hizo hincapié en que el proceso comenzó en 2018 pero la acusación fiscal contra el exjefe de Estado fue enviada por la Fiscalía peruana en 2020.
Sin embargo, la representante del Departamento de Justicia, Merry Jean Chan, sostuvo que el requerimiento de extradición contiene todo lo que se estipula en el acuerdo.
«El tratado de extradición tiene un lenguaje general y habla de cargos imputados, la acusación fiscal tiene toda esa documentación, el pedido de extradición contiene las evidencias, contienen los delitos que imputan los fiscales, las evidencias que respaldan las imputaciones, los archivos de las investigaciones preliminares», refirió ante la sala.
Finalmente, el tribunal concluyó que les notificará su decisión.
