Domingo Pérez: Federación Latinoamericana de Fiscales rechaza suspensión y sugiere conexión con denuncia presentada contra jefe de la ANC.

Federación Latinoamericana de Fiscales pide que la Autoridad Nacional de Control actúe con transparencia y objetividad en suspensión de José Domingo Pérez.


La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) ha rechazado de manera contundente la suspensión de seis meses impuesta al fiscal José Domingo Pérez, quien forma parte del equipo especial encargado de la investigación del caso Lava Jato.

La organización, que agrupa a fiscales de distintos países de América Latina, expresó su preocupación por la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), calificándola de injusta y apresurada.

La FLF hizo un llamado a que la medida sea revisada con total transparencia y objetividad, señalando que este tipo de decisiones debe tomarse con base en criterios claros y justificados. Además, la organización resaltó que el contexto en el que se adopta esta suspensión es particularmente delicado.

Se menciona que la ANC está siendo investigada debido a la denuncia penal que enfrenta su jefe, Juan Antonio Fernández Jerí, por presuntos audios que lo vinculan con abogados de los procesados en diversos casos, lo que podría estar relacionado con la decisión de suspender a Pérez.

La denuncia contra Fernández Jerí ha generado preocupación dentro de la comunidad fiscal, ya que se percibe un posible conflicto de intereses que podría influir en la imparcialidad de las decisiones tomadas por la ANC.

La FLF instó a que este asunto se maneje con la máxima transparencia para evitar cualquier tipo de sospecha o percepción de interferencia política en las investigaciones que se están llevando a cabo.

La postura de la FLF no solo responde a la suspensión de Pérez, sino también a las preocupaciones sobre una posible intervención en el Ministerio Público. La organización alertó sobre los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo y el Congreso, que, bajo el pretexto de combatir la criminalidad, buscan declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, lo cual podría comprometer la independencia judicial.