Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg. N°- 4654-
Al asumir sus funciones los congresistas, los demócratas en su mayoría defendimos a la investidura del Congreso de la República, que fueron elegidos en las urnas en abril 2021, a pesar de la presencia de muchos individuos de la peor calaña política, procedentes de una izquierda filo terroristas fanáticos de sendero luminoso, ahora llamado, MOVADEF; y cómplice del oficialismo, que apoyó al arcaico, ágrafo, golpista, y corrupto de Pedro Castillo. Que sin lugar a duda impidió al Congreso actuar como ente colectivo en beneficio del país.
En todo momento los demócratas han respaldado la presencia en el Legislativo de jóvenes talentosos en la política, identificados con los principios democráticos y garantes de un Estado de Derecho. Pero insuficiente habilidad en la hermenéutica parlamentaria e incipientes en el arte de hacer política, cimiento de una entidad tan compleja y engañosa como el Parlamento. Sin embargo, el Congreso supo mantenerse a la altura de la coyuntura y circunstancias desde el día en que Castillo asumió el poder, premunido de una obsesión aprendida del golpista Martín Vizcarra; cerrar el congreso. Solo ese mal ejemplo conllevó a Vizcarra en convertirlo en un gobierno de facto que generó la muerte de 276,000 compatriotas, por su desinterés en conducir coherentemente la pandemia del COVID.
No obstante, al margen de su condenable desidia en cuidar la vida y salud de los peruanos, y su sinvergüencería vacunándose primero en secreto del virus mortal; Vizcarra destaca por su vena golpista y traicionera, un inmundo ejemplo que copió Castillo usando aquellas mismas malas artes del felón lagarto desde el primer día que asumió la presidencia.
Por suerte, la mayoría democrática congresal comprendió aquello y elaboró una estrategia inteligente, que indudablemente dio resultados apenas el golpista Castillo quebrase el sistema democrático, cuando demandó a las Fuerzas Armadas y a la Policía la clausura del Congreso, el apresamiento de la Fiscal de la Nación, el cierre del Tribunal Constitucional, la intervención del poder Judicial y Junta Nacional de Justicia, entre otras instrucciones violatorias del Estado de Derecho que, a no dudarlo, configuraron un irrefutable golpe de Estado.
Por el destino, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consiguió que fracase aquel golpe, imputando horas antes –con pruebas en la mano– al autor del mismo, consiguiendo así que el Parlamento presente, inmediatamente, la correspondiente denuncia constitucional por quebranto de la Carta Magna, con lo cual salvó la democracia. Jamás debemos olvidar este funesto atropello del Estado de Derecho.
Sin embargo, sobrepuesto del golpe de error, y de marras, ya e instalado “El gobierno Democrático y Constitucional” de Dina Boluarte, el eje político que concertaba una mayoría en el Legislativo optó por quebrantar aquella dinámica unitaria y proactiva, que le había permitido dar batalla y avanzar –aunque lentamente– en su obligación de legislar a favor de la sociedad. Lamentablemente, el costo de aquella desunión es mortal para la estabilidad democrática y presupuestal de este régimen, que va aprendiendo a poquitos las artes de gobernar en medio de una terrible falta de autoridad (Puno); un esperpéntico resquemor y una falta de decisión que crea una incesante violencia social; sumado aquello a las consecuencias de una potentísima depresión estructurada por el arcaico, ágrafo, golpista, corrompido, Pedro Castillo Terrones.
