Durante el actual quinquenio, la presidenta Dina Boluarte ha enfrentado 34 denuncias constitucionales. Sin embargo, ha logrado salir bien librada, en gran parte gracias al respaldo que recibe de sus aliados en el Congreso.
Las acusaciones formuladas por fiscales supremos, parlamentarios de distintas bancadas y ciudadanos abarcan temas como la represión de las protestas sociales al inicio de su mandato, la procedencia de sus relojes Rolex, una posible inasistencia a sus funciones por someterse a cirugías estéticas, el uso del vehículo presidencial y su vinculación con el Club Apurímac, entre otros.
Se trata de una larga lista de señalamientos por posibles delitos y violaciones a la Constitución que han sido remitidos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), órgano encargado de procesar denuncias contra altos funcionarios, y que desde hace tres años está presidida por legisladoras de Alianza para el Progreso (APP), el partido oficialista.
Hasta ahora, ninguna de las denuncias contra Boluarte ha avanzado en la subcomisión, actualmente bajo la presidencia de la congresista de APP María Acuña. La República envió preguntas por escrito, pero no obtuvo respuesta al momento de cerrar esta edición.
Muertes durante las protestas
El caso más polémico gira en torno a la represión de las manifestaciones sociales. Dina Boluarte enfrenta ocho denuncias constitucionales relacionadas con la gestión del Ejecutivo ante estas protestas, de las cuales tres han sido impulsadas por el Ministerio Público.
En noviembre de 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia por presunto homicidio; sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones decidió archivarla.
En julio del año pasado, el fiscal supremo Juan Villena presentó una segunda denuncia, también por homicidio y lesiones graves. Esta denuncia fue declarada procedente por la Subcomisión, que designó como delegado para elaborar el informe final al congresista de Somos Perú, José Jerí.
Hasta el momento, dicho informe no ha sido entregado. El resultado final de la acusación constitucional dependerá de las conclusiones presentadas por Jerí y de la votación en la Subcomisión.
La semana pasada, el Ministerio Público presentó una tercera denuncia. La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, interpuso una acusación constitucional contra Boluarte y seis exministros por lesiones leves y graves contra manifestantes. Según fuentes legislativas, las denuncias presentadas por Villena y Espinoza serían unificadas.
Caso Rolexgate también estancado en el Parlamento
La presidenta también enfrenta críticas por el uso de relojes y joyas. En su contra pesan tres denuncias constitucionales relacionadas con el caso Rolexgate, dos de las cuales fueron presentadas por el Ministerio Público.
El 27 de mayo del año pasado, el fiscal supremo Juan Villena interpuso una denuncia contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de declaraciones y cohecho pasivo impropio. Aunque la acusación fue declarada procedente, la Subcomisión de Acusaciones designó como delegada a la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien en su informe final recomendó archivar la investigación.
Además, Chacón propuso que el Congreso revise las posibles infracciones constitucionales cometidas por la Fiscalía de la Nación al llevar a cabo diligencias contra una presidenta en funciones. Esta propuesta fue aprobada en la SAC y ratificada la semana pasada en la Comisión Permanente.
El 16 de mayo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una nueva denuncia constitucional por el mismo caso. Ayer solicitó al Congreso reconsiderar el archivo de la acusación inicial presentada por Villena.
Las cirugías de la presidenta
Dina Boluarte enfrenta tres denuncias constitucionales por supuesto abandono de funciones tras someterse a cirugías. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la acusa de presunta omisión de funciones y abandono del cargo debido a su intervención quirúrgica.
Las otras dos denuncias fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque y Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular. Ambos señalan que la presidenta habría incurrido en infracciones constitucionales y solicitan su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
La denuncia de Zeballos es reciente, de este mes, mientras que la de Luque lleva un año sin avances. A pesar de que Luque ha solicitado en varias ocasiones a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se ponga el caso a discusión, hasta ahora no se ha convocado.
Denuncias y blindajes en el Congreso
Las investigaciones contra Dina Boluarte no se limitan a las muertes en las protestas, sus joyas o sus cirugías. También está bajo cuestionamiento por el uso del vehículo presidencial, conocido como Cofre, y por posibles vínculos con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó la semana pasada una denuncia constitucional en su contra por presunto encubrimiento personal.
En total, entre su gestión como vicepresidenta y ministra, Boluarte acumuló 11 denuncias constitucionales, y desde que asumió la presidencia, ya suma 23 más.
Aunque un mandatario en funciones solo puede ser acusado por delitos específicos como traición a la patria, disolución irregular del Congreso o impedir procesos electorales, la coalición que sostiene al gobierno ha bloqueado tanto los procesos de antejuicio político (por presuntos delitos) como los de juicio político (por infracciones constitucionales), con el fin de frenar las investigaciones y evitar que Boluarte sea inhabilitada para ejercer funciones públicas.
