El Poder Ejecutivo ha propuesto una medida polémica en su proyecto de ley sobre terrorismo urbano, que busca sancionar a las personas que ejercen su derecho a protestar.
«El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años», se detalla en el proyecto de ley.
De acuerdo con esta nueva medida, se podría imponer penas de hasta quince años de prisión a quienes realicen actos que obstaculicen el libre tránsito de la ciudadanía o interfieran con los servicios públicos. El Congreso vería estas acciones como intentos de aprovechamiento, similares a situaciones recientes que han afectado al país.
El Ejecutivo, con la aprobación del Consejo de Ministros, envió el oficio N.º 290-2024-PR al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, junto con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635.
El propósito de esta modificación es alterar los artículos 108-C, 108-D y 200, e incluir el artículo 315-O al Código Penal mencionado. El Congreso indicó, a través de un oficio, que esta modificación fortalecería las acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
