La medida judicial responde al pedido presentado el pasado 7 de noviembre por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. En su solicitud, la representante del Ministerio Público argumentó que Chávez había incumplido las reglas de conducta dictadas por el Poder Judicial como parte de su comparecencia con restricciones.
La fiscal sustentó que los días 27 de octubre y 3 de noviembre, Chávez no acudió a su control biométrico obligatorio. Además, el 3 de noviembre, el entonces canciller Hugo de Zela informó públicamente que la ex primera ministra se encontraba asilada en la residencia diplomática de México, pese a encontrarse sujeta a medidas judiciales dentro del país. Para la Fiscalía, este hecho configuró un claro riesgo de fuga.
Investigación adicional por presunta falsificación de documentos
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que, desde el 6 de noviembre, Chávez fue incorporada a una investigación paralela por presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica y falsedad genérica. Este nuevo proceso está vinculado a la presentación de un certificado médico presuntamente falso ante la Sala Penal Especial, documento elaborado por su defensa para justificar una ausencia en el juicio.
Debido a este hecho, su abogado Raúl Noblecilla fue expulsado por seis sesiones del juicio oral. En la audiencia de prisión preventiva, Noblecilla alegó que Chávez tiene la condición de asilada política y que corresponde al Estado mexicano evaluar la naturaleza del delito atribuido. Segundos después, anunció su renuncia irrevocable a la defensa de la exministra.
Poder Judicial consideró que Chávez intentó evadir la justicia
Al resolver el pedido fiscal, el juez Checkley concluyó que Chávez se habría aprovechado de la libertad concedida tras un fallo del Tribunal Constitucional para ingresar a la Embajada de México y solicitar asilo, lo que evidenció una intención de evadir la acción de la justicia peruana. Para el magistrado, esta conducta reforzó el peligro procesal y justificó la necesidad de dictar prisión preventiva.
El magistrado dispuso que la orden de captura sea comunicada de inmediato a la Policía Nacional del Perú y a Interpol, para activar los mecanismos correspondientes a nivel internacional.
Chávez permanece asilada en la Embajada de México
La ex jefa del Gabinete Ministerial permanece desde hace más de un mes en la sede diplomática mexicana, donde solicitó protección alegando persecución política. Por su parte, el gobierno de México ha señalado que mantendrá la condición de asilo mientras su situación sea evaluada por instancias internacionales, aunque la decisión del Poder Judicial peruano complica el escenario legal.
La prisión preventiva contra Chávez se enmarca en el proceso que se le sigue por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
