Una presunta red criminal logró insertar miles de certificados de cursos de conducción fraudulentos desde el 2018, según fuentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic-PNP). Esto habría ocurrido con el apoyo de personal y funcionarios de la gerencia de transportes y comunicaciones del Gobierno Regional de Lima (GRL).
La madrugada del 12 de diciembre los agentes policiales realizaron un operativo con descerraje, allanamiento, registro domiciliario y detención preliminar de 13 integrantes de una organización criminal conocida como “Los Intocables de Huacho”. Ellos son investigados por siete delitos: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.
Los nombres de los detenidos son José Chávez Romero, Luz Penado Reynaga, Luis Aguilar Ramos, Manuel Farro Ruiz, Nilda Curioso Morales, Erasmo Ramírez Ayala, Abel Aramayo Villanueva, Geraldine Gonzales Hinostroza, Ángel Champa Paredes, Alberto Vidal Cóndor, Bridget Rímac Rorales, Francisco Vargas Valdéz y Christian Olivera Ventocilla.
Entre las modalidades que empleaban “Los Intocables de Huacho” se encontraba el uso de un molde de silicona para obtener huellas dactilares, la entrega de datos por parte de los aspirantes que no deseaban capacitarse y la complicidad de diversas escuelas de conductores y centros médicos.
De este modo, los criminales actuaban con un sistema estructurado en el que los candidatos evitaban participar en el curso presencial obligatorio. En cambio, presentaban sus huellas dactilares a las oficinas de tramitadores quienes luego manipulaban el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para emitir licencias.
Las escuelas de conductores autorizadas serían las responsables de emitir los certificados falsos. Según investigadores, habrían generado más de 35 mil registros falsos de capacitaciones inexistentes.
La presunta organización criminal operaba desde el 2018 bajo la fachada legal de escuelas de conductores y centros médicos en la provincia de Huaura-Huacho y otros distritos y provincias del norte chico, e incluso en la provincia de Lima y otros lugares del país. Contaban con el apoyo no solo del personal, sino de malos funcionarios de la gerencia regional de transportes y comunicaciones del GRL, cuya sede principal queda en Huacho.
“Las tarifas fluctuaban entre los S/2.00 y S/4.500 por cliente. Estos se dedicaban a la captación y tramitación irregular a favor de los postulantes para la obtención, revalidación y recategorización de manera ilícita de distintos brevetes (licencia de conducir AI, AIIA, AIIB, AIIIA, AIIIB y otros)”, explicó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirnic.
El oficial explicó que para ello contaban con 2 modalidades: la primera era presencial, en donde se ofrecía aprobar a los clientes en todos sus exámenes médicos, talleres de sensibilización, el examen de reglas y examen de manejo; mientras que la segunda consistía en solicitar la huella dactilar del cliente en un molde de silicona para que terceros asistan a rendir los exámenes y realicen los trámites correspondientes.
