Desde marzo de 2023, más de 260 hombres han sido detenidos en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) en El Salvador tras ser deportados sin aviso previo ni orden judicial. El gobierno de Trump había presentado a estos inmigrantes como miembros de pandillas criminales, como el Tren de Aragua y MS-13, pero el informe del Instituto Cato destaca que muchos de los deportados poseían permisos legales para vivir y trabajar en Estados Unidos.
El reporte detalla que al menos 50 de los deportados llegaron a Estados Unidos con visas temporales, permisos de trabajo y, en algunos casos, como parte de programas de refugiados. Muchos de ellos habían sido revisados por autoridades migratorias y contaban con autorizaciones que les permitían residir legalmente en el país. Sin embargo, fueron arrestados y deportados sin un procedimiento formal, ni explicaciones claras.
El gobierno de Trump había insistido en que su campaña migratoria estaba dirigida únicamente contra inmigrantes indocumentados y aquellos vinculados a actividades delictivas. Sin embargo, el informe pone en duda esta narrativa al demostrar que varias de las personas deportadas tenían un estatus legal en el país.
La administración Trump justificó muchas de estas deportaciones basándose en la sospecha de que algunos deportados pertenecían a grupos delictivos. Para respaldar estas acusaciones, se utilizaron tatuajes y vestimentas como evidencia de su pertenencia al Tren de Aragua o MS-13, aunque expertos han señalado que estos símbolos son comunes en diversas culturas y no necesariamente están asociados a actividades criminales.
Uno de los casos más polémicos fue el de Andry Hernández, un maquillador venezolano deportado a El Salvador, quien fue señalado debido a un tatuaje con una corona y las palabras “mamá” y “papá”. Según expertos, este diseño es común en su comunidad natal y no tiene relación con pandillas. Otro caso destacado fue el de Jerce Reyes, un futbolista profesional, quien también fue deportado tras ser identificado por un tatuaje de un balón de fútbol con una corona, un símbolo asociado al Real Madrid.
La administración Trump aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a estos inmigrantes. Esta ley, históricamente utilizada en tiempos de guerra, permite la expulsión sin juicio formal de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la aplicación de esta norma ha sido ampliamente criticada por su falta de transparencia y el uso de evidencia cuestionable para justificar las deportaciones.
Uno de los casos más graves fue el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado por error, a pesar de contar con una protección judicial que impedía su expulsión. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha solicitado su regreso, pero la administración Trump aún no ha rectificado el error.
El informe del Instituto Cato pone de manifiesto las fallas en el proceso de deportación de la administración Trump. La deportación de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos, sin pruebas claras que los vinculen a actividades criminales, resalta las deficiencias del sistema migratorio implementado durante ese período. El reporte subraya la necesidad de revisar las políticas migratorias y garantizar un proceso más justo y transparente.
