En un comunicado, el Observatorio de Minería ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves para la Biodiversidad expresó su «profunda preocupación» por la ampliación del plazo para formalizar la pequeña minería y minería artesanal hasta diciembre de 2024, y sobre la falta de transparencia en cuanto al desarrollo de una nueva ley que rija esta práctica.
Recordemos que, el 31 de diciembre se promulgó la Ley 31388, ley que prorroga la vigencia del Proceso de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre de 2024, a pesar de las objeciones de organizaciones cívicas y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de que la ampliación hace difícil combatir la minería ilegal y los delitos conexos.
Según el observatorio, la ley en el marco de las disposiciones complementarias finales, también prevé el establecimiento de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su política Nacional Multisectorial, por un plazo no menor de ciento ochenta días. Actualmente, estos estarían en proceso de construcción, diseño y discusión.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha convocado a la sociedad civil y otras organizaciones que aborden estos temas, y no se han tomado en cuenta las voces de los directamente afectados por la minería informal e ilegal.
“Este proceso requiere sin duda de la intervención y toma de decisiones de los diferentes funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), los mismos que deben contar con la experiencia, conocimiento, capacidad, idoneidad y reputación intachable en la materia bajo gestión, así como que no cuenten con cuestionamientos o vinculación referida a la actividad de la minería ilegal”, agregó el colectivo.
Por otro lado, el observatorio también manifestó su preocupación por la capacidad del titular de esta categoría, Carlos Sabino Palacios Pérez, para liderar el Minem porque hasta la fecha ha recopilado investigaciones penales sobre una variedad de delitos cometidos entre 2014 y 2020, principalmente relacionados a delitos de peculado y abuso de autoridad.
También dijo los intentos de flexibilizar y modificar las normas para la lucha contra la minería ilegal
También, advirtió contra «los intentos de flexibilizar y modificar las normas para combatir la minería ilegal, que serán impulsados por el Congreso de la República, por el representante del partido político Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana». Cabe recordar que Salhuana también se desempeñó como asesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN) y jugó un papel importante en la aprobación de la Ley 31388.
“Alertamos a todas las autoridades, y a la sociedad en general, sobre estos hechos que ponen en riesgo a la principal institución estatal del sector de energía y minas, que tiene a su cargo decisiones relevantes y relacionadas a la regulación de la actividad minera en nuestro país, y alertamos el intento de debilitar el marco jurídico contra la minería ilegal”, concluyó el pronunciamiento.
El documento fue suscrito por organizaciones como la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Ecosistemas Andinos (ECOAN); Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza); Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales; Oceana Perú; Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú); Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Yunkawasi, entre otros.
Un dato importante es que el Observatorio de Minería ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad fue constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas, especialmente los pueblos indígenas y la vida silvestre que vive en áreas naturales protegidas, áreas clave de biodiversidad, ríos y otros cuerpos de agua.
