El Patriarcado Católico Anglicano de las Américas, organización cristiana independiente desde 1515 de la Iglesia de Inglaterra y desde 1521 de la Iglesia de Roma, ha denunciado públicamente una serie de actos de persecución, hostigamiento y desprestigio por parte de representantes de otras confesiones cristianas, incluyendo sectores de la Iglesia Católica Romana y grupos denominacionales que, según afirman, han promovido campañas de desinformación y violencia simbólica.
Durante los últimos cincuenta años, esta comunidad ha sido objeto de amenazas, exclusión institucional, ataques mediáticos y acciones que -según sus líderes- vulneran derechos fundamentales como la libertad religiosa, el derecho al trabajo pastoral y la dignidad de sus miembros. La situación se ha agravado recientemente con la difusión de audios y declaraciones por parte del presbítero Ricardo Quevedo, rector de la Iglesia Romana San José de la Blanca, en Mérida, Venezuela, contra el presbítero José Agustín Volcanes, miembro de la Iglesia Anglicana Provincia de Venezuela, legalmente registrada ante el Estado venezolano.
El Patriarcado sostiene que estos hechos no son aislados, sino parte de una cadena de atropellos que incluyen expresiones de supremacía cristiana, discriminación doctrinal y presiones institucionales por no estar afiliados al Vaticano ni contribuir económicamente a su estructura. También denuncian que ciertos medios de comunicación han amplificado estas agresiones, sembrando dudas sobre su legitimidad y fomentando la desconfianza entre creyentes y no creyentes.
Ante esta situación, los líderes anglicanos han solicitado:
- La detención inmediata de toda forma de persecución religiosa.
- La activación de espacios de diálogo interreligioso para corregir errores y evitar nuevos desencuentros.
- La intervención de autoridades nacionales e internacionales para garantizar el respeto a la libertad de culto.
- La presentación de disculpas públicas por parte de los responsables.
- La evaluación de sanciones eclesiásticas contra quienes inciten al odio o vulneren la convivencia espiritual.
Asimismo, han instado al gobierno venezolano a considerar reformas legales que protejan el derecho de cada ciudadano a profesar libremente su fe, sin presiones ni exclusiones, y han solicitado que el Papa León XIV reciba formalmente una propuesta de sanción contra los clérigos implicados.
La nota concluye con un llamado a la equidad: “Que la ley llegue por igual a todos los ciudadanos del planeta, sin distinción de credo, afiliación o doctrina. Que nadie se interponga a los designios de Dios ni a la justicia terrenal que debe aplicarse con dignidad y respeto.”
