Niza, Francia / Lima, Perú, 10 de junio de 2025.
La firma del denominado “Tratado de Alta Mar” (BBNJ) por parte de la presidenta Dina Boluarte durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, celebrada en Niza, ha desatado una tormenta política en el país. A tan solo horas de confirmarse la adhesión del Perú al tratado internacional, el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. interpuso una denuncia penal contra la jefa de Estado ante la Fiscalía de la Nación, acusándola de traición a la patria.
Según la denuncia, el tratado suscrito representa una violación al artículo 54 de la Constitución peruana, el cual establece soberanía y jurisdicción exclusiva sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa del país. El demandante sostiene que el acuerdo internacional podría comprometer la seguridad e integridad territorial, abriendo la posibilidad de que se interprete como una cesión encubierta de soberanía sobre el mar patrimonial del Perú.
El Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por sus siglas en inglés), fue adoptado por la ONU en 2023 como el primer marco legal vinculante para regular la explotación y protección de los recursos en zonas oceánicas fuera de cualquier jurisdicción nacional.
Reacciones enfrentadas desde el Perú
A pesar de que el canciller Elmer Schialer ha reiterado que el tratado no afecta en absoluto la soberanía nacional dado que las 200 millas marítimas peruanas están excluidas explícitamente de su alcance, sectores económicos clave han expresado su preocupación. La Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú han advertido que la firma del acuerdo podría limitar la autonomía del país para decidir sobre la pesca, la seguridad alimentaria y la inversión privada.
“Este acuerdo es impulsado por ONGs que desconocen la realidad nacional. Firmarlo pone en riesgo empleos, producción y seguridad alimentaria”, afirmaron estas entidades en un pronunciamiento conjunto. Según los gremios, las regulaciones globales impuestas por el BBNJ podrían interferir con las actividades económicas del país en zonas adyacentes a su zona económica exclusiva.
No obstante, expertos en derecho internacional y biodiversidad marina han defendido el acuerdo, recordando que su alcance se limita estrictamente a las aguas internacionales más allá de las 200 millas. Además, destacaron las oportunidades que brinda en términos de cooperación científica, protección ambiental, acceso justo a recursos genéticos marinos y posicionamiento geopolítico.
“Hay mucha confusión entre el Tratado BBNJ y la Convención del Mar (Convemar), que Perú nunca ha ratificado. Este nuevo tratado no impone cesión territorial ni modifica nuestras fronteras marítimas. Decir lo contrario es alimentar la desinformación”, declaró el exvicecanciller Hugo de Zela en medios locales.
La denuncia penal contra Dina Boluarte marca un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y ciertos sectores críticos en el país. Aunque el tratado aún debe ser debatido y eventualmente ratificado por el Congreso para entrar en vigor, su firma posiciona al Perú en una senda de liderazgo ambiental global, aunque no sin costos políticos. En las próximas semanas, se espera un intenso debate público, legal y parlamentario sobre los alcances del tratado. Mientras tanto, el gobierno deberá equilibrar su discurso entre el compromiso ambiental internacional y la defensa de la soberanía nacional, en un contexto donde cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias políticas y judiciales de mayor envergadura
