El abogado, Raúl Alca Aranibar, interpuso una denuncia a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente (Pedro Olaechea, Karina Beteta, Salvador Heresi) ante la Fiscalía de la Nación por el delito de corrupción de funcionarios públicos en la aceptación del Programa de Incentivos por Retiros Voluntarios.
La denuncia presentada por el letrado en contra de los excongresistas se da en el marco del uso de tráfico de influencias en concurso real y la de apropiación de funciones como la extralimitación de su autoridad plena.
Por otro lado, en el ámbito de los denunciantes se encuentran por arbitrariedad de sus labores, Giovanni Forno, quien tomó juramento por el presidente de la Comisión Permanente, Lucy Huaytalla, como integrantes de la plana de Recursos Humanos y el administrador del Congreso, Samuel Morales.
El testimonio que presentó el abogado al despacho de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos es la copia ilegítima del Acuerdo Plenario del programa mencionado que toma incentivos para beneficiarios de edades de 60 a 68 años y 11 meses. El letrado sostiene en el documento: “Esta prueba instrumental demuestra que los denunciados sesionaron de manera ilegal. El fin es la extracción de millones de soles de manera ilegal para su trabajadores adictos a Keiko Fujimori”.
-El desembolso de S/20 millones
La Comisión Permanente habría utilizado más de S/20 millones para el pago de muchos beneficiarios como parte de acción para el plan de Retiros Voluntarios. Según La República se acogieron a esta ganancia 52 trabajadores. Estas ganancias fueron de S/3.000 hasta el millón y medio de soles. Este monto varia según edad, labor o salario.
B.A.M.P
