El Ministerio Público adoptó una postura que podría dar inicio a una nueva fase de enfrentamientos legales y decisiones en el ámbito judicial. La Junta de Fiscales Supremos (JFS), encabezada por Delia Espinoza, resolvió de manera unánime rechazar la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
A través de un comunicado oficial, la JFS informó que dicha decisión se tomó en las sesiones realizadas los días lunes y martes de esta semana. No obstante, el pronunciamiento no precisó si se reconocerá o no a Benavides en su condición de fiscal suprema.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que Espinoza devolvió el documento a la JNJ con el pedido de que se emita una nueva resolución que confirme la firma de los siete integrantes del pleno. Aunque esta medida busca cerrar el conflicto legal por la vía institucional, el escenario continúa siendo incierto y la confrontación está lejos de llegar a su fin.
Denuncias y tensiones legales en aumento
Lo que comenzó como un cruce de declaraciones entre los sectores de Delia Espinoza y Patricia Benavides, ha escalado a instancias judiciales. El lunes pasado, Espinoza presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima, advirtiendo que existe el riesgo de ser detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP).
En su solicitud, la actual fiscal de la Nación pidió que se ordene a la PNP abstenerse de realizar cualquier acción que pueda representar una amenaza contra su libertad personal, especialmente detenciones arbitrarias por supuestos delitos como desobediencia a la autoridad o usurpación de funciones, argumentando que no existen fundamentos reales de flagrancia.
Este recurso responde al temor de que los abogados de Benavides soliciten su captura por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispuso la restitución de Benavides en el cargo.
Asimismo, Espinoza justificó la medida como una forma de protección preventiva, ante la posibilidad de que la policía, por iniciativa propia y tras interpretar el fallo, actúe por desacato y ordene su detención.
