Las políticas migratorias en Estados Unidos han tomado un giro más severo bajo la actual administración, que ha retomado la línea de “tolerancia cero” impulsada por Donald Trump. En medio de este endurecimiento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas masivas, apuntando no solo a quienes cruzaron recientemente la frontera, sino también a inmigrantes latinos que llevan años, incluso décadas residiendo en el país.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta nueva estrategia de control migratorios se concentra en dos grupos principales. El primero incluye a aproximadamente 1,46 millones de personas, 530 mil venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que ingresaron entre octubre de 2022 y enero de 2023, y unas 930 mil personas procesadas mediante la aplicación CBP One.
Muchos de ellos quedaron en un limbo legal tras la eliminación de programas de protección como parole humanitario.
El segundo grupo está compuesto por migrantes que han construido su vida en Estados Unidos durante años. A pesar de tener hijos nacidos en suelo estadounidense, empleos formales y lazos comunitarios sólidos, enfrentan procesos de deportación si presentan alguna de estas condiciones: órdenes de deportación vigentes, antecedentes penales, o infracciones migratorias como la permanencia sin autorización legal.
Esta última, si bien se considera una falta civil, fue tratada como delito durante la administración de Trump y aún puede tener consecuencias graves.
Un informe de Migration Policy Institute, publicado en abril del 2025 bajo el título “El lado olvidado de la deportación”, revela un cambio profundo en el perfil de personas deportadas. Ya no se trata, en su mayoría, de recién llegados ni de quienes fueron detenidos en la frontera. En cambio, predominan migrantes que llevan años en el país, muchos de los cuales nunca habían tenido conflictos legales.
“La deportación de individuos sin un plan de reintegración en sus países de origen solo genera mayor migración irregular y perpetúa un ciclo de expulsiones forzadas con graves consecuencias sociales”, explicaron los investigadores María Jesús Mora y Ariel G. Ruiz Soto, autores del informe.
Este giro en las políticas ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, que denuncian el impacto emocional y social de las redadas. El mensaje de las autoridades es claro: el tiempo de residencia ya no presenta una garantía de permanencia.
Ante este escenario, los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten sobre un alto costo humano. “No somos números, somos familias con historias, con raíces”, declaró un portavoz de una organización migrante en Texas. La amenaza de deportación masiva no solo rompe hogares, sino que deja una profunda herida en el tejido social latino en Estados Unidos.
