A través de un comunicado, el pasado domingo, la Defensoría del Pueblo se manifestó sobre los hechos de violencia que vienen ocurriendo en nuestro país e hizo un llamado al poder Ejecutivo y Legislativo para que tomen decisiones y “cambiar el rumbo trágico” que viene afrontando el Perú.
“En este escenario de notorias urgencias, la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo.”, manifestó.
El organismo también hace mención a que vivimos en una democracia y que con los actos de violencia que vienen ocurriendo en el país, esta se va “deshaciendo ante nuestros ojos” cada vez que la vida de alguien está en peligro.
El pronunciamiento se dio un día después de la muerte de un manifestante en las protestas en la capital.
Asimismo, Defensoría del Pueblo lamenta que “se ha perdido sensibilidad para valorar la vida” y que la muerte de los protestantes no es “costo social”.
“Constatamos con pesar que se ha perdido sensibilidad para valorar la vida; entonces, se le expone o se le ataca sin considerar su condición de única e irrepetible. La muerte de personas en protestas no es “costo social”, ni “daño colateral”. Es una afectación irremediable que sume en un dolor profundo a las familias, y profundiza las grietas emocionales y culturales entre todos nosotros”, se lee en el comunicado.
Al final del comunicado, el organismo establece que “nunca será suficiente defender los derechos humanos en el Perú” pero que “estamos para recordar y recuperar el sentido ético de la función pública y de la conducta ciudadana, en cuyo centro está y estará siempre la vida humana”.
