La Defensoría del Pueblo publicó la sexta entrega de los Mapas de la corrupción en el país que muestran un análisis de los casos de corrupción en proceso seguidos contra los virtuales gobernadores de provincia y alcaldes departamentales.
De acuerdo a la data, 13 de los 16 virtuales gobernadores regionales están involucrados en casos de corrupción en trámite, el gobernador de Ayacucho cuenta con el mayor número con 23 casos, seguido del virtual gobernador de Tacna con 11 casos.
Además, con 39% el delito de colusión se registró con mayor incidencia, seguido del delito de peculado con 23%. Para esta entrega, la institución sacó información del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al 2022.
Los hallazgos revelaron que 18 candidatos que pasaron a una segunda vuelta, 9 se encuentran involucrados en casos de corrupción. Asimismo, un candidato a gobernador por Pasco y otro por Piura registraron la mayor cantidad de casos, 8 cada uno.
Con 38% el delito de peculado y 35% de colusión presentan mayor incidencia en el total de casos de corrupción en trámite registrados. Cabe resaltar que 46 de 84 casos que están relacionados a virtuales gobernadores y 26 de 40 candidatos se encuentran en investigación preliminar.
La Defensoría del Pueblo observó que los alcaldes virtuales de Piura, Callao, Abancay e Ica están involucrados en uno o más casos de corrupción en trámite. El 40 % del total de casos en trámite que involucran a estos virtuales alcaldes se encuentran en investigación preliminar.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República y la CAN Anticorrupción sobre la información revisada acerca de los candidatos, virtuales gobernadores y alcaldes provinciales de capitales de departamento, señalaron que 6 tienen pendiente la presentación de su Declaración Jurada de Intereses de carácter preventivo; 9 han declarado en su hoja de vida del JNE que cuentan con sentencias civiles o penales y 12 fueron comprendidos como presuntos responsables en hechos irregulares señalados por la Contraloría en materia penal y/o administrativa.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que presentará en los próximos meses una plataforma de seguimiento de casos de corrupción.
