La Defensoría del Pueblo, encargado de la defensa y promoción de los derechos de las personas, a través de la nota de prensa N° 247/OCI/DP/2019 manifiesta su preocupación y rechazo a los centros que brindan servicios orientados a la modificación de la orientación sexual o identidad de género de las personas que integran la comunidad LGBTI.
La entidad calificó estas prácticas como «actos de tortura» que hace uso de argumentos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios, fundamentados a partir de creencias religiosas o sin un sustento científico que lo justifique. Esto en alusión a un material periodístico difundido por un medio de comunicación local.
«Estos actos constituyen actos de tortura, según lo han señalado expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, considerando que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya última versión (CIE-11), ha despatologizado a las identidades trans», reza el comunicado.
Por su parte, Percy Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo del sector encargado de velar por los Derechos y las Personas con Discapacidad, sostuvo que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) «estas terapias atentan contra la autonomía, libertad, salud e integridad de las personas, al constituir una práctica injustificada y antiética que debe ser denunciada y sancionada de manera ejemplar».
Finalmente, el documento puntualiza que la Defensoría del Pueblo se ha comunicado con el Colegio de Psicólogos del Perú, el Colegio Médico del Perú, el Ministerio Público y las Municipalidades con el objetivo de investigar desde las respectivas instancias y sancionar a quienes llevan a cabo este tipo de actividades que atentan contra personas LGBTI.
M.N.
