Este último 2 de agosto, se dio a conocer que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, venía realizando contrataciones dentro de la Defensoría del Pueblo, sin las medidas y condiciones correspondientes, donde ocho personas, varias de ellas sin experiencia alguna, venían recibiendo sueldos que alcanzaban, o superaban, los S/. 30 000. Información sustentada por la página oficial de noticias, La República.
Se desconoció el respectivo proceso de selección para la contratación de personal en el Estado, dejándose supuestamente de lado la experiencia laboral de los postulantes. Este es el caso de Margarita Yahuana Correa, quien recibió tres órdenes de servicio para coordinar el cumplimiento de metas institucionales entre junio y julio del 2023. Yahuana Correa recibió un monto de S/. 25 000 soles por ello, a pesar de que el Órgano de Control Institucional (OCI) alertó que, la allegada a Gutiérrez incumplía los requisitos para ejercer el cargo.
La comunicadora Teresa Argandoña visitó a Gutiérrez entre junio y agosto de 2023, posterior a ello, recibió dos órdenes de servicio para la coordinación de las actividades protocolares e imagen institucional del despacho del Defensor del Pueblo. Argandoña recibió el monto de S/. 21 000.
Otro caso más, vendría a ser el de la ex procuradora de la municipalidad Provincial de Huánuco, Dany Fretel Costa, quien luego de reunirse con Gutiérrez, se le delegó la función de elaboración de un plan de trabajo para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Por lo demás, también se vieron involucrados: Josué Calero Ruíz (monitoreo de medios nacionales, redacción de notas de prensa, gestión de redes sociales y supervisión de la producción de videos institucionales), Job Rosales Pacheco (realización de actividades de consolidación y seguimiento de demandas sindicales), Juan José Valencia (organización y sistematización de fichas), Ángel Arturo Valencia (servicio para digitalizar la documentación del equipo de transportes) y Norma Lozano Salinas.
El secretario general de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Gonzáles, ha abordado recientemente las preocupaciones sobre ciertas contrataciones dentro de la institución. Gonzáles aseguró que los procesos de contratación en cuestión se han llevado a cabo conforme a la normativa legal vigente y no presentan irregularidades.
Por otro lado, la abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones del Estado, ha expresado su desacuerdo con esta perspectiva. Ruiz sostiene que se han producido diversas infracciones en el proceso, señalando específicamente que la participación de Gutiérrez en entrevistas para la selección de personal, asumiendo roles similares a los de un gerente de recursos humanos, no corresponde a sus funciones establecidas.
