Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.- N°-4654-
Perú se aproxima a nuevos comicios en medio de una marcada fragilidad de su sistema electoral. El expresidente del Jurado Nacional de Elecciones JNE, César Salas Arenas de ideología marxista – comunista, el año 2021 avaló un proceso electoral rebosante y excesivo de trampas y anomalías, dañando a la democracia. El relato oficial negó el engaño; pero el oscurantismo al revisar las actas, la negativa a fiscalizar el censo y la actitud de algunos jueces sembraron el recelo vigente. El contexto actual no ha mejorado. El actual presidente del JNE, Roberto Rolando Burneo Bermejo, carece de las credenciales necesarias para liderar un organismo tan delicado
¿Cómo garantizar que la votación de 2026 no repita estos errores? ¿Cómo blindar la voluntad popular ante operadores ideológicos, presiones partidarias y/o bases judiciales contaminadas?
Exigimos una auditoría internacional que supervise las inscripciones de candidatos, el origen y destino de los fondos para campaña, el conteo de votos y ratifique la resolución de reclamaciones, previo protocolo público para analizarlas a fondo; evitando que sus decisiones queden en manos de magistrados parcializados, o segados por una ideología. Asimismo, las contribuciones persisten como caldo de cultivo para el uso político de la justicia y el manejo de los medios; difundir inmediatamente los aportes recibidos, su origen y destino resultará urgente.
Igualmente, las universidades y colegios profesionales que integran el Pleno del JNE deben sustituir a sus delegados para restaurar la credibilidad”. ¡Basta de operadores pagados! Exclusivamente nombren juristas solventes, para evitar otro capítulo de caos y deslegitimación.
El primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda reafirma su promesa de ‘asegurar elecciones autónomas y claras en un ambiente de tranquilidad, protección y sin intromisiones, El proceso se llevará a cabo con claridad, en los tiempos acordados y con una colaboración activa de la ciudadanía. Este gobierno mantendrá objetividad y cuidará la independencia de los organismos electorales, la autonomía del sistema judicial y la libertad de prensa. Solamente así aseguraremos horizontes y certeza para la patria Entregaremos al próximo Gobierno un país en orden, con instituciones firmes y una democracia que muestre solidez y fortaleza frente a la contrariedad”.
¿Será factible que un gobierno “de Transición y Reconciliación” haga esto en seis meses? sí puede lograr ciertas medidas iniciales y sentar las bases para la reconciliación en seis meses, pero es inviable completar un proceso de reconciliación profundo y duradero en un plazo tan corto. Porque estas elecciones de abril de 2026 decidirán si imperará el socialismo que nos aprisiona o florecerá la democracia que defendemos; si nos dirigimos hacia el éxito o el fracaso; si regirá la libertad o la mugre carcelaria, como en Cuba y Venezuela. Consecuentemente, en abril de 2026 no habrá margen de error. ¡Será el todo por el todo!
¿Será posible conseguirlo con nuestra debilitada institucionalidad electoral? Porque en 2021, el marxista Salas Arenas presidió el JNE y validó la elección de Castillo, pletórica de irregularidades. La narrativa oficial —incluyendo a Sagasti— rechazó el fraude. Finalmente, la infamia del JNE al validar las actas, su negativa a inspeccionar el registro o padrón y su inclinación marxista consolidaron tal desconfianza que aún inhala.
El actual presidente del JNE, Burneo Bermejo, nombrado por el Poder Judicial, tampoco presenta las calificaciones necesarias para dirigir una gestión tan crítica. ¿Cómo salvaguardar, entonces, que el proceso de 2026 no repita aquellos fallos inaceptables?
Debemos evitar a toda costa un proceso electoral cuestionado. La democracia se defiende únicamente con entidades solventes, procedimientos definidos y la supervisión social. La inacción del ejecutivo transitorio y el Congreso provocará que los comicios de 2026 sean otro evento absurdo que socave su legitimidad.
