El procedimiento administrativo disciplinario por el cual Daniel Soria previamente había sido apartado se origina por no cumplir con los requisitos necesarios para ocupar el puesto, una situación que fue señalada por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría.
La administración encabezada por Dina Boluarte Zegarra, mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, determinó imponer la medida disciplinaria de destitución contra Daniel Soria en su función de procurador general del Estado (PGE).
Anteriormente en el año 2023 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.
Al momento de su nombramiento durante el Gobierno de Martín Vizcarra, se señala que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos, ya que solo disponía de un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.
Se confirmó que los acontecimientos que llevaron a la suspensión de Soria en noviembre de 2023 «fueron validados». Además, se indicó que «la situación de infracción comenzó el 3 de febrero de 2020» y «solo terminará cuando se rompa el vínculo del servidor con la entidad».
Además, se detalla que Soria obtuvo de manera indebida un cargo para el cual no estaba calificado, y que existían pruebas suficientes que demostraban que Soria había infringido los principios de integridad, competencia y veracidad, establecidos en la Ley del Código de Ética.
En una segunda Resolución Ministerial, se acordó que Javier Pacheco continuará como procurador general interino hasta que se nombre a un nuevo titular para dicho cargo.
