El Tribunal Constitucional declaró en mayo de 2020 que “las cárceles están sobrepobladas, ya no entra ni un preso más”, y dispuso el cierre de los penales. Esta decisión se tomó a raíz de la denuncia de un interno del penal de Tacna, quien manifestó que sus enfermedades se agravaron al tener que dormir en el suelo, debido a la falta de camas y el hacinamiento extremo. Ante esta situación, la congresista Norma Yarrow expresó su preocupación y solicitó un informe sobre el avance en la reducción de la sobrepoblación carcelaria, otorgando un plazo de cinco años para solucionar el problema.
El Tribunal Constitucional declaró que existe un estado de cosas inconstitucional de los establecimientos penitenciarios del país. A través de un oficio remitido a la presidenta del Tribunal Constitucional, la congresista Norma Yarrow solicitó un informe sobre el avance del fallo emitido en 2020, en el cual se otorgó un plazo de cinco años, para implementar medidas correctivas, el cual vence este mayo de 2025.
En una parte de sus resolución señala que si en un plazo de 5 años es decir mayo de 2025 no se han adaptado las medidas necesarias en ese plazo, se procederá al cierre temporal de las cárceles para ingresos de nuevos internos. Ante esta situación, el Gobierno se pronunció, y según el Ministro de Justicia están trabajando para redistribuir a la población penitenciaria de las cárceles asignadas, es decir trasladaran a internos de los penales más sobrepoblados hacia aquellos con menor hacinamiento.
Por su parte, el expresidente del Instituto Nacional Penitenciario, Wilfredo Pedraza, quien ocupó el cargo entre 2004 – 2006, advirtió que desde el 2004 se ha triplicado el nivel de hacinamiento en los penales del país. Indicó que, aunque los penales tienen una capacidad para 40,000 personas, pero actualmente hay más de 90,000 presos en el Perú, no se construye una cárcel nueva desde el 2015.
Debido a esta situación, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se pronunció y afirmó que “gran parte del hacinamiento en los penales se debe a la falta de preocupación de los gobiernos anteriores por construir más cárceles a nivel nacional”. Precisó que no se han edificado centros penitenciarios desde el año 2015 y añadió que ella prefiere que los delincuentes estén hacinados en las prisiones que en las calles.
