Rodolfo Solano Quirós*
*Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
En 2021, Costa Rica está celebrando el Bicentenario de su Independencia. A partir del Acta de Independencia de 1821, nuestro país se ha caracterizado, desde un principio, por una clara vocación institucional.
Desde el comienzo de formación del estado costarricense se consignó expresamente una norma para el país que aún sigue siendo una guía fundamental de conducta, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones exteriores, y que establece que Costa Rica “reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos nacionales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”.
Hoy, doscientos años después, este pequeño pero ambicioso país centroamericano ofrece al mundo una prueba efectiva de que es posible vivir en paz, con libertad y democracia y respeto al ambiente, a pesar de no contar con grandes recursos económicos y de enfrentar todavía importantes retos y desafíos.
A lo largo de su vida independiente, Costa Rica ha atribuido un singular valor a la paz y a la armonía. Confirmando esta vocación de paz, en 1949 fue proscrito constitucionalmente el ejército nacional. El apego a la institucionalidad ha sido otra característica fundamental del ser costarricense. El país siempre acude a la institucionalidad del Derecho Internacional, como único mecanismo válido para la promoción y defensa de los valores universales que toda la comunidad internacional debe acometer. Creemos firmemente en plataformas de negociaciones, arbitrajes y procesos jurisdiccionales y, ante organismos internacionales hemos apoyado efusivamente la causa del desarme, especialmente en el ámbito nuclear.
El respeto a los derechos humanos, tan claramente enunciado en 1821, ha caracterizado la existencia de nuestro país. Hitos tempranos de ese respeto fueron, entre otros, la declaratoria de la educación primaria como gratuita y obligatoria en 1869 y la consagración constitucional de la abolición de la pena de muerte en 1882. Costa Rica fue la proponente de la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, primer tribunal permanente de Derecho Internacional Público, y primer tribunal internacional de Derechos Humanos de la historia, que se inauguró en la ciudad de Cartago en 1908. Estuvo entre los países que en 1948 adoptaron incondicionalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es parte de los principales instrumentos internacionales sobre esa materia. La Convención Americana de Derechos Humanos se firmó en nuestra capital San José, y en ella sigue teniendo su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En foros internacionales y regionales, Costa Rica ha defendido de manera inclaudicable la causa de los derechos y libertades fundamentales, y fue activa promotora de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Nuestra Sala Constitucional incluso ha declarado que en Costa Rica los convenios internacionales sobre Derechos Humanos tienen un rango jerárquico superior al de la Constitución nacional.
En los últimos decenios, Costa Rica, dueña de una gran diversidad biológica, también se ha comprometido firmemente con la protección del ambiente. Una parte importante del territorio nacional está compuesta por parques nacionales y áreas protegidas, y en su acción exterior el país atribuye gran importancia a la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Recientemente se lanzó oficialmente la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Persona, cuya meta es conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para el 2030, detener la pérdida masiva de especies y proteger ecosistemas clave para el bienestar humano y de la naturaleza.
Todos estos aspectos le han dado un cimiento sólido a la política exterior de Costa Rica, que llega al Bicentenario como un caso singular de una democracia desarmada, institucionalmente sólida, respetuosa del medio ambiente, pionera en derechos humanos y propositiva a nivel internacional. Un caso único en el mundo.
En estos momentos, el país tiene una especial oportunidad para la proyección de los valores y principios que sustentan su vida interna y su política exterior, ya que encabeza dos importantes esfuerzos de concertación regional. En efecto, actualmente ostenta las presidencias rotativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
En la CEPAL, la presidencia costarricense, iniciada en agosto 2020, se ha fundamentado en los principios de cooperación internacional, solidaridad y promoción de los derechos humanos, y se concentra también en la coordinación y la cooperación política regional, la cooperación con las instituciones financieras internacionales, el apoyo al Sistema de las Naciones Unidas y el resguardo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
Para la presidencia del SICA, asumida en enero 2021, Costa Rica ha definido como ejes prioritarios de acción la equidad de género y los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables; la recuperación económica y social de la región después de la pandemia; la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, y la promoción de la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación, con particular énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático. Costa Rica además considera que una mayor y efectiva integración de los países miembros del Sistema apareja beneficios sustanciales. También se gestiona dinamizar el trabajo que Costa Rica realiza con los países observadores y socios de cooperación del SICA, y el impulso a las propuestas costarricenses de crear un fondo especial para la recuperación regional.
En estas y otras instancias internacionales en las que Costa Rica participa, mantiene su apego a los principios que han dado una identidad propia a su política exterior. Convencida de la importancia que tiene el multilateralismo para el mantenimiento de la paz y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos, el país ha estado muy presente en la arena multilateral, proponiendo la implementación de la iniciativa C-TAP (Covid-Technology Access Pool) dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual consiste en un repositorio común de los derechos de las tecnologías que han ido desarrollando los países y que son útiles para la detección, prevención, control y tratamiento de la pandemia provocada por el COVID-19, con el objetivo de asegurar acceso equitativo para la atención de la crisis.
Costa Rica se propone iniciar su tercer siglo de vida independiente aportando nuevas iniciativas que, reflejando esos mismos valores, respondan también a las cambiantes necesidades de nuestro mundo y la importancia de resolver con entusiasmo, responsabilidad y sentido de innovación los desafíos que nos aguardan.
