La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó el 24 de junio que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debe pagar aproximadamente US$200 millones al consorcio Rutas de Lima, encargado de operar la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé. El tribunal rechazó los recursos presentados por la comuna limeña, que buscaba anular dos laudos arbitrales internacionales emitidos en 2020 y 2022.
Origen y evolución del conflicto
El conflicto se remonta a 2013, cuando la Municipalidad de Lima otorgó a Rutas de Lima, entonces bajo control de Odebrecht y hoy de Brookfield Infrastructure, una concesión de 30 años para construir, mejorar y operar la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé. El contrato establecía que la empresa financiaría las obras y recaudaría peajes, mientras la comuna debía realizar trabajos previos en la infraestructura. Entre 2014 y 2016, se modificaron los compromisos y Rutas asumió más obligaciones a cambio de ajustes tarifarios.
En 2017, la implementación del peaje «Nueva Chillón» en Puente Piedra desató protestas masivas. La Municipalidad canceló el cobro y bloqueó futuros incrementos tarifarios, lo que llevó al consorcio a iniciar arbitrajes internacionales bajo el reglamento Uncitral, administrados por la Corte Permanente de Arbitraje en Washington D.C.
Fallos arbitrales y argumentos rechazados
En 2020 y 2022, dos tribunales arbitrales ordenaron a la MML pagar compensaciones que, con intereses, superan los US$190 millones. Los laudos respondieron a la cancelación del peaje y la demora en aplicar ajustes tarifarios. La comuna limeña alegó que el contrato era nulo por presunta corrupción de Odebrecht y fraude procesal, pero los tribunales y la Corte de Apelaciones concluyeron que no existían pruebas suficientes que vincularan los pagos ilícitos con la adjudicación del contrato.
La Corte estadounidense también rechazó los argumentos de la MML sobre ocultamiento de documentos y mala conducta arbitral, señalando que no hubo daño sustancial ni vicios en el proceso. El tribunal consideró que la ejecución del contrato no viola la política pública de EE.UU. y que Lima no logró demostrar que la concesión se obtuvo mediante sobornos o fraude.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima desde 2023, ha mantenido una postura confrontacional frente a la concesionaria y a los fallos internacionales. Tras la reciente sentencia, López Aliaga reiteró públicamente que la Municipalidad no pagará «ni un solo mango» a Rutas de Lima, a quienes calificó de «banda criminal». Estas declaraciones fueron tomadas en cuenta por la jueza Ana C. Reyes, quien rechazó la solicitud de la MML para suspender la ejecución del pago, argumentando que la comuna limeña no mostró intención de acatar el fallo y carecía de probabilidad de éxito en su apelación.
El alcalde también ha impulsado múltiples acciones legales, tanto en Perú como en Estados Unidos, con el objetivo de anular la concesión y evitar el pago de la indemnización a Rutas de Lima; sin embargo, hasta la fecha, todos los recursos han sido desestimados por la justicia estadounidense. Bajo su gestión, la defensa legal de la Municipalidad ha sido cuestionada por la contratación reiterada de estudios jurídicos internacionales que ya habían perdido arbitrajes previos, y por el elevado gasto en asesorías: solo en litigios y consultorías internacionales, la administración de López Aliaga ha desembolsado más de S/119 millones, sin obtener ningún resultado favorable para Lima. El caso suma un nuevo revés judicial y mantiene a la administración municipal bajo presión política y financiera.
