Para el 81% de peruanos la corrupción ha crecido durante los últimos cinco años y para el 53 % la situación empeorará. Así lo señaló la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética ejecutada por Ipsos.
La encuesta arrojó que por primera vez desde el año 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas. El 42% lo percibe así, es decir 32 puntos porcentuales más si se compara con el estudio realizado en 2019. Está percepción es mayor en Lima con 52% le sigue el norte con 43% y el Oriente con 40%.
Sin embargo, el Ejecutivo no es el único Poder que genera desconfianza en los peruanos, pues el Congreso de la República del Perú obtuvo el segundo lugar en la lista con 60%, es decir 16 puntos menos que en el 2019. Así lo cree el 37% en el centro del país y 36% en el sur. Sigue sobre su promedio histórico por encima del Poder Judicial (34%).
¿Cómo afecta la economía familiar de los peruanos?
Los resultaron también revelaron que el 86% de peruanos cree que la corrupción los perjudica en su vida cotidiana. La encuesta detalla que el 59% considera que perjudica su economía familiar, y el 34% señala que reduce sus oportunidades y las de sus familiares de conseguir empleo. Además, el 58 % cree que la corrupción provocó un menor crecimiento en el país y el 55 % asegura que generará más pobreza y desigualdad.
De igual forma, ocho de cada 10 peruanos consideran que los tres niveles de gobierno (central, regional y local) ejecutan obras públicas con algún nivel de corrupción. El gobierno regional sería el nivel de gobierno con mayor propensión a la corrupción en la ejecución de obras públicas (80%). El gobierno nacional (78%) y el gobierno municipal (75%).
Hace unos meses, la Contraloría advirtió la paralización de varias obras públicas, sobre esto también se le consultó a los encuestados. De diez, ocho respondieron que al menos todas las obras públicas ejecutadas en los tres niveles de gobierno presentaron algún nivel de corrupción.
Medidas a seguir
Por su parte, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, sostuvo que más allá de una necesaria salida al actual entrampamiento político, es indispensable garantizar que no se siga retrocediendo en las reformas que se había iniciado en años anteriores, en particular la modernización del servicio civil, la función de integridad pública, la justicia, el financiamiento de la política, la transparencia y el acceso a la información pública o el control gubernamental.
“Además de iniciar discusiones técnicas serias sobre una reforma al régimen de contratación pública para que las obras públicas dejen de ser vistas como un botín por parte de autoridades y empresas corruptas”, indicó.
